Juicio Guerrieri II: Los 12 represores fueron condenados




El Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de Rosario condenó a prisión perpetua al represor Marino Héctor González e impuso penas que van entre 5 años y 25 años a todos los imputados en el juicio oral por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar en la denominada causa Guerrieri II.

En una jornada marcada por el calor, y la incertidumbre con respecto al veredicto que leería el Tribunal, los sobrevivientes de la dictadura, testigos, querellantes, familiares de desaparecidos, y organismos de derechos humanos, acompañados por organizaciones sociales de diferentes extracciones políticas, fueron copando la vereda del palacete ubicado en Oroño 940, donde se encuentran los juzgados federales de la ciudad, tratando de esquivar los rayos de un sol radiante bajo la sombra de los plátanos típicos del coqueto bulevar.

Desde el espacio Juicio y Castigo, se había convocado desde las 10 de la mañana a “hacer el aguante”, con muy poca anticipación si se compara este final de juicio con los otros cuatro en los que fueron condenados represores de la última dictadura.

La agrupación HIJOS Rosario hizo escuchar su bronca este jueves a última hora, cuando extraoficialmente se enteraron que el tribunal, contra lo que había dado a entender un rato antes –habían señalado que la sentencia sería el 23 o 27 de diciembre– tenía previsto leer el veredicto este viernes a las 14, luego de las palabras finales de los doce acusados.

“No podemos dejar de manifestar nuestro enojo por la falta de anticipación con la que nos enteramos de la fecha de lectura del veredicto”, señaló la agrupación HIJOS Rosario desde su perfil de Facebook, hecho sobre el que remarcaron que incluyó “reiterados pedidos al tribunal de que nos lo comunique”.

En la puerta del tribunal, Natacha Rivas, una de las integrantes de la agrupación, se quejó de “la falta de respeto de los jueces” que “no dieron tiempo de que podamos avisar a nuestros compañeros querellantes que viven fuera de Rosario, para que puedan venir a escuchar la sentencia contra los asesinos de sus viejos”, remarcó Rivas.

Tras las “últimas palabras” de tres de los imputados, cuando promediaban las 14, el tribunal, integrado por los jueces Roberto Lopez Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, lleyó la sentencia en la que se condenó a prisión perpetua al militar retirado Marino González, en tanto impuso 25 años de prisión para los Personales Civiles de Inteligencia (PCI) Ariel Zenón Porra y Juan Andrés Cabrera.
Las condenas se completaron con la imposición de 20 años de prisión para Carlos Sfulcini; 18 años para Alberto Enrique Pelliza; 16 años para Ariel López; 10 años para Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong; 8 años para Joaquín Gurrera y 5 años para Walter Pagano y Eduardo Constanzo.

Afuera de la pequeña sala de audiencias, cientos de personas siguieron la lectura del veredicto a través de pantallas y un equipo de sonido con concentración extrema. Hubo unos primeros aplausos cuando la condenas fueron a perpetua, 25 y 20 años, pero también se sintió la reprobación cuando se leyeron las penas menores.

Tras la lectura estallaron adentro y afuera de la audiencia los cánticos de los presentes y el presidente del tribunal hizo desalojar la sala.

Sobre la vereda, un improvisado locutor de la agrupación HIJOS, hizo un primer balance de sentencia. “Todos fueron encontrados culpables, las verdades que contaron los testigos, los testimonios de los sobrevivientes fueron convalidados, los hechos fueron probados, pero es cierto que con nuestros abogados querellantes y la fiscalía habíamos pedido penas mucho más importante y ahí debemos marcar la diferencia con los resuelto por el tribunal, que hizo una valoración de la pena que no estuvo a la altura de nuestro pedido”, se escuchó por los altoparlantes.

Consultado por Diario de los Juicios, el abogado de HIJOS Rosario y la Secretaría de Derechos Humanos, Santiago Bereciartúa, remarcó la “importancia de que se haya encontrado culpable a los doce acusados”, aunque reconoció que “se habían solicitado otras penas mucho más duras”. “Podremos discutir hacia adelante este monto de las penas resueltas por el tribunal”, adelantó el letrado, que aclaró que primero “habrá que leer los fundamentos de la sentencia”, que se difundirán el 24 de febrero próximo.

En el proceso se investigaron los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos, homicidio y asociación ilícita. Durante el juicio oral y público, que comenzó en agosto, se ventilaron los casos de una treintena de víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por el circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, que tuvo a su cargo cinco centros clandestinos de detenciones durante la represión ilegal.

En la causa se ventilaron los casos de 27 víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos 17 homicidios, y se investigaron cinco centros clandestinos de detenciones que funcionaron bajo la órbita del Batallón 121 de Inteligencia.

En sus respectivos alegatos, tanto la fiscalía como lo abogados querellantes habían solicitado penas de prisión perpetua para siete represores y 20 años de prisión por el delito de asociación ilícita contra otros cinco acusados, los que ya fueron condenados en el juicio Guerrieri I.

La Fiscalía había reclamado la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para Héctor Marino González, Juan Andrés Cabrera, Alberto Pelliza, Ariel Porra, Ariel López y Joaquín Gurrera, por los delitos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos a 23 víctimas, como así también por homicidios calificados de 16 personas que continúan desaparecidas. Lo mismo reclamó la fiscalía para Carlos Sfulcini, por el homicidio calificado del militante comunista Fernando Tito Messiez, desaparecido desde el 22 de agosto de 1977.

Por otro lado se habían solicitado 20 años de prisión por asociación ilícita agravada para Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, todos condenados a prisión perpetua en el primero de los juicios a represores realizado en Rosario, y con sentencia ratificada por la Cámara de Casación.


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