Cuatro de los doce imputados en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la causa denominada Guerrieri II, que se lleva adelante en Rosario, ampliaron este jueves sus indagatorias ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) y uno de ellos reconoció el móvil “económico” del golpe. El teniente coronel retirado y abogado, Juan Daniel Amelong, realizó una reivindicación del terrorismo de Estado y admitió que el golpe de Estado de 1976 tuvo “un fin económico”, aunque aclaró que él sólo tuvo un “interés militar”.

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario iniciará este jueves la ampliación de las indagatorias a los 12 imputados en el juicio oral de la denominada causa Guerrieri II, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la órbita del Batallón 121 de Inteligencia. “Que digan toda la verdad que han escondido”, reclamaron desde la agrupación HIJOS. Los jueces entrerrianos que conforman el TOF1 de Rosario para este juicio, Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, escucharán este jueves y viernes a los acusados, mientras que la semana próxima comenzarían los alegatos, en la parte final de juicio, añadieron los informantes. Según adelantaron en anteriores audiencias los defensores de los imputados –12 militares y personal de civil de inteligencia retirados–, varios de ellos manifestaron su voluntad de volver a declarar en el juicio. En ese marco desde la agrupación Hijos Rosario reclamaron a los imputados “que digan toda la verdad

Por Ivana Roberti. Tras declarar en el juicio contra la patota del Batallón 121, el querellante e hijo de uno de los desaparecidos de la Quinta de Funes se quejó de algunas actitudes de los jueces. “Hacen preguntas basadas en un total desconocimiento de la causa”, dijo. Por Ivana Roberti Fernando Dussex es uno de los siete hijos de desaparecidos que declararon como testigos en el juicio oral por la segunda parte de la causa Guerrieri, donde están imputados doce represores –entre militares retirados y ex personal civil de inteligencia– integrantes de la patota del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario.  La madre de Fernando, Cecilia Nazábal, junto con Alicia Gutiérrez –esposa del militante de la UES y Montoneros Eduardo Toniolli, quien también estuvo en cautiverio en la Quinta de Funes y continúa desaparecido–, fueron las iniciadoras de esta investigación desde 1985 y quienes contra viento y marea reconstruyeron paso a paso el accionar de ese circuito represivo. La memoria de

Por Tomás Labrador.  Alicia Gutiérrez, esposa del militante montonero desaparecido por el terrorismo de Estado, Eduardo Toniolli, empezó a militar en la Facultad de Odontología de Rosario y llegó a ser presidenta del centro de estudiantes en 1973 por la Juventud Universitaria Peronista (JUP). La actual diputada provincial por Solidaridad e Igualdad, a fines del 74 comenzó a ser perseguida por las Tres A y debió dejar la facultad. Iniciaban años difíciles para los militantes del campo popular, situación que agravó el golpe militar y la represión desde los aparatos del estado que se recrudece a partir de ese momento. –Cuando te amenazan decidís pasar a la clandestinidad. ¿Cómo se desarrolla tu vida a partir de ese momento?  –Mi hermana y yo recibimos cartas de las Tres A en las que nos daban un período para que nos fuéramos. El Decano de la Facultad de Odontología era de las Tres A y pertenecía a la Juventud Peronista República Argentina (JPRA), yo lo sabía porque tenía un familiar