Los genocidas probados, pero sueltos
Por Juane Basso (El Eslabón/Redacción Rosario). Los cuatro años de Cambiemos reorientaron el accionar del Poder Judicial con relación a los represores de la última dictadura cívico militar. Proliferaron las prisiones domiciliarias y la lentitud en el avance de la causas que, gracias a las organizaciones de derechos humanos y el pueblo argentino, no se detuvieron.
La gestión negacionista de Mauricio Macri, que llegó al gobierno el 10 de de diciembre de 2015, se inició con 603 genocidas de la última dictadura cívico militar presos en cárceles comunes y terminó con sólo 200 represores detenidos en dependencias del Servicio Penitenciario. La información, que expone al modelo de impunidad que impulsó Cambiemos para beneficio de los terroristas de Estado, se desprende de un detallado estudio realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH). A pesar de los esfuerzos de la alianza conformada por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y buena parte del Poder Judicial para imponer sus políticas de perdón y olvido, las causas en los tribunales no se se frenaron. Los números de lo que pasó entre 2015 y 2019 y de lo que se espera en 2020 en materia de procesos legales contra secuestradores, torturadores, ladrones de bebés y desaparecedores.
Durante los cuatro años de macrismo –en que el Poder Judicial reorientó su sentido no sólo en las causas contra los genocidas sino que, por otro lado, persiguió políticamente a opositores, muchos aún presos–, disminuyó significativamente el total de criminales de lesa humanidad condenados anualmente, junto con el número de personas detenidas.
El trabajo elaborado por la Procuraduría a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos destaca que en 2019 –al igual que los cuatro anteriores–, “continuaron las demoras en las diferentes etapas de los juicios”. Los datos recolectados reflejan que persistió la tendencia en alza de personas investigadas por estos delitos que se encuentran en libertad, que siguió preponderando el arresto domiciliario como modalidad de encierro y que, al igual que en el trabajo estadístico de 2018, hubo una disminución de personas detenidas en el marco del proceso de juzgamiento. Además, se da cuenta de que este año “aumentó un 14 por ciento la cantidad de fallecidos”.
El diagnóstico arroja, desde el 2006 hasta el 1 de diciembre de este año, un registro de 589 causas en trámite, en las que son actualmente o fueron hasta su fallecimiento, investigadas 3295 personas. “En total, hasta la fecha, se dictaron 238 sentencias en todo el país, de las que sólo 19 se produjeron al 1 de diciembre de 2019, cifra similar a la del 2018 (18), que ratifica un estable descenso comparado al año 2017 (cuando se conocieron 27 veredictos)”, señala el trabajo de la Procuración.
“De las restantes 351 causas registradas en las que aún no se dictó sentencia –continúa el informe–, el estado de la investigación se encuentra en distintas fases, siendo el más alto el de las causas que permanecen en etapa de instrucción, con una cifra del 44 por ciento del total. Mientras que las causas elevadas a juicio representan un 12 por ciento, donde sólo 8 de 70 tienen fijada fecha de inicio del debate para el 2020”.
El estudio consigna que, en cuanto a las personas investigadas, hasta la fecha fueron sentenciadas en total 1119, lo que representa un tercio de la totalidad de quienes están o estuvieron alguna vez bajo investigación. “Este año, 95 personas recibieron veredicto: 71 fueron condenadas y 24 absueltas”, detalla el trabajo. La cifra es menor a la del año pasado, cuando 108 fueron los acusados que escucharon un veredicto condenatorio o absolutorio. “Ello, una vez más, refleja una inclinación descendiente desde el año 2017”, aclara el documento.
“El total de causas elevadas se encuentra en descenso sostenidamente desde 2015”, reconoce el informe, para luego decir que “esto no puede explicarse por una baja general en el universo de causas en instrucción”.
“Los datos muestran que el número de causas que permanecen en etapa de instrucción continúa siendo el más alto (44% del total). De las causas que están en instrucción, sólo 23 (8%) presentan algún grado mayor de avance, en tanto se ha presentado el requerimiento de elevación a juicio”, revela el trabajo. Y agrega: “La cantidad de causas en las que se dictó al menos un requerimiento de elevación también se encuentra en descenso desde 2015”.
El informe se refiere también a la denominada “actividad recursiva” que se produce en las causas por crímenes de lesa humanidad. En ese segmento, el trabajo indica que “ese pasaje no es lineal, lo que trae aparejado dificultades para cerrar el ciclo de las investigaciones una vez dictada la sentencia del tribunal oral correspondiente”.
El documento denomina como “espiral” al “recorrido no lineal que existe entre un Tribunal Oral Federal, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJN), aspecto que intensifica las demoras que presenta la tramitación de estas causas”. “El promedio de tiempo que transcurre entre el dictado de una sentencia y su confirmación es de 3 años y 6 meses”, subraya el relevamiento.
De acuerdo al informe, “en que la práctica de reenvíos –la remisión, por parte de la instancia de revisión, al tribunal de origen para que dicte nuevos pronunciamientos–, si bien no es extensible al universo de causas con sentencia, contribuye al aumento en los tiempos de tramitación”. Otro aspecto que según la Procuración aporta a las demoras “es el desdoblamiento de la tramitación de las causas con posterioridad a que la CFCP dispone reenvíos: una parte continúa el camino recursivo hacia la CSJN, mientras el reenvío vuelve al tribunal de origen”.
Condenados, pero sueltos
Los datos que más dan cuenta del rumbo que tomaron las causas contra los genocidas durante la dictadura en el período macrista son los que tienen que ver con la situación procesal de los represores. Aquí volvió a resonar con fuerza aquella frase de Rodolfo Walsh en su emblemático libro Operación Masacre: “Los asesinos probados, pero sueltos”.
En ese aspecto, el informe señala que del universo total de personas bajo investigación, “son 1590 las personas libres y 884 las detenidas”. “Como categorías residuales, se presenta un total de 29 prófugos y 792 fallecidos/as. De éstos, 627 murieron antes de obtener sentencia y 165 luego del dictado de su condena o absolución”, amplía el trabajo, en el que se identifica una lamentable “tendencia en alza”: el 60 por ciento de las personas actualmente investigadas por crímenes de lesa humanidad se encuentran en libertad.
“El aumento de las libertades continúa en una línea ascendente, aunque no directamente proporcional a la baja de las detenciones. Asimismo, la suba del total de personas en libertad se corresponde con el aumento del total de personas absueltas en juicio, con faltas de mérito y sobreseídas en la etapa de instrucción”, resalta el trabajo de la Procuración en el que se indica que “el 23 por ciento de las personas condenadas se encuentran excarceladas”.
“De las personas detenidas –sigue el documento–, se observa que la modalidad de arresto domiciliario es la predominante, siendo el 67 por ciento del universo total. Sólo el 22 por ciento se encuentra detenido en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o Provincial”.
Como puede verse en el gráfico aquí publicado, mientras a fines de 2015 la cantidad de represores detenidos en cárceles comunes eran 603, 439 los que se encontraban bajo el régimen de prisión domiciliaria y sólo 28 los que se hallaban en otras dependencias (como Campo de Mayo), al inicio de la feria judicial 2019-2020 solamente 200 genocidas están recluidos en el Servicio Penitenciario. En contraposición, 608 criminales de lesa humanidad gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
De acuerdo a un relevamiento realizado por el eslabón, con diversas fuentes judiciales y datos aportados por el equipo jurídico de la agrupación Hijos –querellante en numerosas causas por crímenes de lesa humanidad Rosario y la región–, son 21 los detenidos que fueron condenados o procesados por tribunales federales locales que durante los últimos años fueron puestos bajo el régimen de la prisión domiciliaria, o que residen en la ciudad “enviados” por otros juzgados.
El movimiento de derechos humanos –que había advertido que Cambiemos no era sólo el partido de los beneficiarios del modelo económico neoliberal implantado por el terrorismo de Estado, sino que se trataba de un de «un proyecto político pro-impunidad”–, libró en estos años, en la calle y en los tribunales, una dura batalla contra una suerte de amnistía en cuenta gotas.
Si no fuera por esa lucha transversal, que nucleó a organismos como Madres, Abuelas, APDH, Familiares e Hijos con sindicatos, organizaciones sociales, multiplicidad de partidos políticos y millones de argentinos y argentinas, el retroceso hubiera sido aún mayor. En ese sentido, sólo basta recordar que la primera y más grande movilización opositora que debió soportar Macri fue contra el intento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de habilitar la vieja ley del 2×1 para habilitar una suelta masiva de represores. Las causas, más lentas, con más absoluciones y domiciliarias, continuaron.
Mauricio Macri, quien ya era un encumbrado ejecutivo del grupo construido por su padre Franco cuando esté, como otros grandes empresarios vernáculos, logró que los genocida estaticen sus multimillonarias deudas en dólares con el exterior –el mayor robo a mano armada al pueblo argentino–, fue coherente con su historia. Promovió un discurso negacionista del genocidio y llegó hablando del «curro de los derechos humanos».
Tras cuatro años de complicidad con la impunidad, en los que se desmantelaron las principales políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se abre una nueva perspectiva con el triunfo del Frente de Todos.
Hoy un nieto apropiado por los genocidas y recuperado, Horacio Pietragalla, es el Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Y otros tres militantes hijos de desaparecidos ocupan lugares de gran responsabilidad en el gobierno de Alberto Fernández: Eduardo de Pedro (Ministro de Interior), Juan Cabandié (Ministro de Medio Ambiente) y Victoria Donda (Inadi). Las Abuelas y Madres vuelven a ser invitadas de honor en la Casa Rosada. Alguien podrá observar que sólo son señales y que “el Poder Ejecutivo y el Judicial son independientes”. Aquí diremos que se trata de definiciones que cargan un fuerte mensaje político y simbólico, que auguran un cambio de rumbo esperanzador.
La agenda de juicios para 2020
Tras la feria judicial de enero se encuentra previsto el inicio y la reanudación de múltiples juicios, en diversas jurisdicciones del país, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Asimismo, se espera también que distintos debates concluyan o entren en su etapa final el próximo año: es decir, que recaiga sentencia o se desarrollen los alegatos de las partes.
A continuación, el cronograma completo y de permanente actualización, elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Feced III y IV. El 5 de abril de 2018 comenzó en Rosario el juicio conocido como Feced III –al que luego se le añadió un nuevo tramo de la investigación (Feced IV)–, en el cual se juzga a 13 imputados por los crímenes cometidos por la estructura policial de la provincia de Santa Fe contra 152 víctimas. Los delitos por los que llegaron acusados son privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita.
Juicio ESMA IV. El fiscal Félix Crous (recién nombrado como titular de la Oficina Anticorrupción) solicitó en mayo la pena de prisión perpetua por privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y agresiones sexuales en perjuicio de más de 800 víctimas para 8 ex agentes de la Armada, un ex policía y un civil de inteligencia, en el juicio conocido como “Esma IV”. El 3 de marzo se retomarán las audiencias.
Brigada de San Justo (La Plata). En los primeros días de diciembre, el fiscal general Alejandro Alagia y el auxiliar fiscal Agustín Vanella solicitaron doce perpetuas, cinco penas a 25 años y una a 15 años de prisión para 18 militares, policías y civiles acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, Partido de La Matanza. Se prevé que para fines de marzo o abril el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata dé a conocer la sentencia.
Subzona 15 (Mar del Plata). Intervienen el fiscal Juan Pablo Curi y la auxiliar fiscal Eugenia Montero. El 6 de febrero del 2020 comenzará a alegar el MPF. Es la fase final de un juicio que se va a extender por casi o más de dos años, ya que empezó en abril de 2018. Se juzga a 43 miembros de las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires por hechos cometidos en centros clandestinos de detención en la Subzona 15, en perjuicio de 272 víctimas.
Contraofensiva (San Martín). El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín continuará el año próximo con el juicio a once ex integrantes de los servicios de inteligencia del Ejército por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra 94 víctimas durante 1979 y 1980. En representación del Ministerio Público Fiscal actúan Marcelo García Berro y Gabriela Sosti.
Megajuicio Tucumán. El lunes 9 de diciembre comenzó el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Son juzgados 25 imputados por un total de 335 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos a partir de febrero del 1975. Desde el 13 de febrero de 2020 se reanudarán las audiencias de debate. El fiscal general subrogante Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Agustín Chit representan al MPF.
Arsenal Naval Zárate y Campana (San Martín). En agosto de este año empezó el juicio por crímenes de lesa humanidad ante Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín que juzga los delitos perpetrados en el Arsenal Naval de Zárate, el buque patrullero ARA Murature -anclado al frente- y en Campana. La causa se reanudará en febrero del 2020, ya en etapa de alegatos.
CNU 2 (Mar del Plata). Los integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Eduardo Salvador Ullúa y Oscar Héctor Corres están acusados de integrar la asociación ilícita junto a los otros siete miembros condenados en diciembre de 2016 con el objetivo de cometer una serie de ilícitos en la previa del Golpe cívico militar de 1976. Están siendo juzgados desde septiembre de 2019. Se retomarán las testimoniales el 10 y 19 de febrero, en lo que será el tramo final del juicio.
Debates orales con fecha de inicio fijada
Cueva 3 (Mar del Plata). Intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general Daniel Adler junto a los auxiliares fiscales Eugenia Montero y Julio Darmandrail. Es el tercer tramo en el cual se juzgan los delitos perpetrados en Cueva, el CCD de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata. Comienza el 21 de febrero.
Ejército – Triple A (Bahía Blanca). El inicio del debate está previsto para el 12 de febrero de 2020. Tiene 5 imputados.
Diedrichs (Córdoba). El inicio del debate está programado para finales de febrero de 2020. Tiene 19 imputados.
Chavanne – Industrias Grassi (Capital Federal). El inicio del debate está programado el 17 de marzo de 2020. Tiene 2 imputados.
ESMA – Delitos sexuales (Capital Federal). El inicio del debate está programado el 17 marzo 2020. Tiene 2 imputados.
CCD 1 y 60 (La Plata). El inicio del debate está programado el 15 de abril de 2020. Tiene 18 imputados.
Brigada de Investigaciones de Lanús (La Plata). El inicio del debate está previsto para el 7 de septiembre de 2020. Tiene 5 imputados.
Con audiencia preliminar
Causa Hermanos Ramírez (La Plata). El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata fijó el 20 de septiembre del año próximo para la audiencia preliminar en la causa que investiga los delitos de sustracción y ocultamiento de los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez en 1977.
