Causa Saint Amant II: Un proceso accidentado
El mega juicio Saint Amant II, en el que se ventilan quince causas que se acumularon en un mismo proceso oral, donde son juzgados más de una docena de represores acusados de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y homicidio ocurridos en las localidades de San Nicolás, Pergamino y San Pedro, “atraviesa un momento neblinoso”, según evaluaron desde las organizaciones de derechos humanos que acompañan a querellantes y testigos. Tras varias interrupciones, este jueves 28 de mayo volvió por un accidente que impidió a los magistrados llegar desde Rosario.
El proceso, que el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario desarrolló en las diferentes ciudades en las que se cometieron los hechos, se encuentra en la etapa de los alegatos de la defensa. Este jueves tenía que hacer su exposición el abogado oficial, Fabio Procajlo, aunque “se suspendió por un accidente a la altura de Villa Constitución que impidió a los jueces del tribunal federal de Rosario llegar hasta San Nicolás”, según informó a Diario de los Juicios José María Budassi, uno de los querellantes en la causa.
Hasta el momento se escucharon los alegatos de la parte acusadora –fiscalía y querellas– y cuatro de los cinco abogados defensores.
El principal acusado del juicio es el teniente coronel (re) Fernando Manuel Saint Amant, quien durante los primeros años de la última dictadura fue el jefe del Área Militar 132 con asiento en San Nicolás y jurisdicción sobre las principales ciudades del norte bonaerense.
Además están imputados Edgardo Mastrandrea, Juan Antonio Benvenutto, Antonio Bossié, Daniel Quintana, Julio Almada, Luis Alberto Sinigaglia y Juan Alberto González.
La nómina de los acusados se completa con Miguel Ángel Lucero, Roberto Guerrina, Norberto Ferrero, Clementino Rojas, Carlos Enrique Rocca y Guillermo Miguel Adrover. También era juzgado Arnaldo Nasiff Bolmeni pero falleció durante el transcurso del proceso.
Alegatos
La exposición más ruidosa de las que presentaron los abogados de los imputados estuvo a cargo de Mauricio Bochini, quien realizó una fervorosa defensa política del terrorismo de Estado que fue tomada como una provocación por parte de los testigos, querellantes e integrantes de las organizaciones de derechos humanos que asistieron a esas audiencias.
“En general fue una defensa política, pobre en términos jurídicos, que sí hizo un importante despliegue a la hora de fundamentar los presuntos problemas de salud de Saint Amant, para quien como hicieron otros defensores, pidió la absolución y el mejoramiento de sus actuales condiciones de detención”, señaló Budassi.
“Los césares tenían un consejero que les decía que la gloria no es eterna, y este gobierno tiene que saber que no es eterno”, fue una de las frases que disparó Bochini y que fue largamente comentada a la salida de la audiencia.
Suspensión
El jueves pasado estaba estipulado que comience el último de los alegatos de los defensores, pero no se pudo concretar por el accidente producido en la autopista Rosario-Buenos Aires. Procajlo había solicitado el día anterior que el represor Quintana sea apartado del juicio por su estado de salud, sobre el cual presentó una serie de documentos médicos que fueron discutidos por la querella y fiscalía, quienes pidieron una pericia para zanjar la discusión.
Al cierre de esta edición, el viernes 28 de mayo, se esperaban novedades sobre ese punto de debate, que se conocerá luego de una reunión fijada en la sede del TOF en Rosario, en la que estaban convocados los representantes de la diferentes partes del juicio.
Previo al alegato de los defensores, el fiscal Federico Reynares Solari solicitó la pena de prisión perpetua e inhabilitación perpetua y absoluta para Saint Amant, Ferrero, Bossié y Quintana.
Además, Reynares Solari pidió al TOF1 de Rosario 25 años de prisión para el comisario Edgardo Mastandrea, quien fuera asesor de seguridad de la Coalición Cívica de Elisa Carrió hasta 2007, cuando se conoció su participación en el Terrorismo de Estado.
Asimismo, la fiscalía solicitó 18 años de reclusión para los imputados Carlos Enrique Rocca y Guillermo Miguel Adrover, dos policías bonaerenses; y 15 años para el oficial principal Roberto Guerrina.
Por último, pidió 8 años de cárcel para el comisario Clementino Rojas y 7 años para los acusados Julio Almada, Luis Antonio Sinigaglia, Juan Alberto González y Miguel Ángel Lucero, ex agentes de la fuerza de seguridad bonaerense durante la dictadura.
