Juicio Díaz Bessone: El Estado como querellante
El Tribunal Oral Nº 2 de Rosario comenzó con las audiencias de alegatos en el juicio contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone, y otros cinco imputados. Este miércoles el proceso prosiguió con la acusación de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quienes fundamentaron la necesidad de que el Estado sea querellante en estas causas.
En el proceso se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.
Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague comenzaron a escuchar las exposiciones de las querellas que seguirán el próximo lunes con la segunda parte del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos ‒representada por los abogados Lucas Ciarniello Ibañes y Ana Oberlin, quienes además son integrantes de la agrupación HIJOS‒.
Los alegatos continuarán luego con las acusaciones de los representantes legales de HIJOS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la abogada de Familiares. Después será el turno del Ministerio Público Fiscal y finalmente el de las defensas.
Al inicio del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, Ana Oberlín subrayó la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad, y resaltó el hecho de que el poder ejecutivo haya tomado la decisión de ser de querellante en causas contra el terrorismo de estado, en cumplimiento de las “obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino”.
Oberlin enumeró las “prácticas sistemáticas” de violencia de género perpetradas por los represores, e hizo un especial señalamiento con relación a los delitos sexuales cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el (SI).
La abogada solicitó que esos delitos se remitan al juzgado de instrucción para ser investigados, y pidió al tribunal que sean “visivilizados en la sentencia”, como parte de los tormentos aplicados por los represores.
Luego Oberlin comenzó a desarrollar en detalle, caso por caso, la la larga lista de víctimas y sus padecimientos, por las que se realiza este juicio, tarea que no pudo concluir debido a que el cuarto juez, José María Escobar Cello, tuvo que abandonar la audiencia por cuestiones personales.
El proceso continuará el próximo lunes con la prosecución del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. A su término los abogados de HIJOS, Álvaro Baella y Nadia Schujman, comenzarán con la acusación de esa agrupación.
En el juicio, además de Díaz Bessone, son juzgados José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki.
Cabe recordar que, desde que comenzó del debate, en julio de 2010, ya declararon ante el tribunal cerca de 150 testigos.
Los acusados se encuentran imputados de distintos delitos, entre los que se cuentan casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.
En el proceso se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.
Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague comenzaron a escuchar las exposiciones de las querellas que seguirán el próximo lunes con la segunda parte del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos ‒representada por los abogados Lucas Ciarniello Ibañes y Ana Oberlin, quienes además son integrantes de la agrupación HIJOS‒.
Los alegatos continuarán luego con las acusaciones de los representantes legales de HIJOS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la abogada de Familiares. Después será el turno del Ministerio Público Fiscal y finalmente el de las defensas.
Al inicio del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, Ana Oberlín subrayó la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad, y resaltó el hecho de que el poder ejecutivo haya tomado la decisión de ser de querellante en causas contra el terrorismo de estado, en cumplimiento de las “obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino”.
Oberlin enumeró las “prácticas sistemáticas” de violencia de género perpetradas por los represores, e hizo un especial señalamiento con relación a los delitos sexuales cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el (SI).
La abogada solicitó que esos delitos se remitan al juzgado de instrucción para ser investigados, y pidió al tribunal que sean “visivilizados en la sentencia”, como parte de los tormentos aplicados por los represores.
Luego Oberlin comenzó a desarrollar en detalle, caso por caso, la la larga lista de víctimas y sus padecimientos, por las que se realiza este juicio, tarea que no pudo concluir debido a que el cuarto juez, José María Escobar Cello, tuvo que abandonar la audiencia por cuestiones personales.
El proceso continuará el próximo lunes con la prosecución del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. A su término los abogados de HIJOS, Álvaro Baella y Nadia Schujman, comenzarán con la acusación de esa agrupación.
En el juicio, además de Díaz Bessone, son juzgados José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki.
Cabe recordar que, desde que comenzó del debate, en julio de 2010, ya declararon ante el tribunal cerca de 150 testigos.
Los acusados se encuentran imputados de distintos delitos, entre los que se cuentan casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.