Juicio Díaz Bessone: Permitirán ingresar las fotos de los desaparecidos
Después de varias presentaciones y repetidos reclamos, los referentes del espacio Juicio y Castigo Rosario –integrado por organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura y organizaciones sociales–, lograron este lunes torcer el criterio impartido por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario (TOF 2), que vedaba el ingreso a la sala de audiencias con fotos de víctimas del terrorismo de estado. Los representantes de los organismos de derechos humanos desplegaron las imágenes de los desaparecidos y apoyados por la fiscalía y los abogados querellantes obligaron a los magistrados a resolver el asunto en el recinto. Luego de un cuarto intermedio, los jueces resolvieron permitir el ingreso de las imágenes de aquí en adelante “siempre y cuando desde el público no generen disturbios”.
El segundo juicio contra represores de la dictadura en Rosario tuvo este lunes un momento de gran tensión cuando un grupo de integrantes del espacio Juicio y Castigo volvieron a la carga con las fotos de los desaparecidos. El TOF 2 está compuesto por los jueces Jorge Venegas, Otmar Paulucci y Beatriz Caballero, los mismos que llevaron adelante el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad. En aquel proceso, los magistrados desalojaron varias veces la sala de audiencias cada vez que en el público se sacaron imágenes de las víctimas del terrorismo de estado. Por esa razón para los organismos de derechos humanos la de este lunes era un prueba para ver como reaccionaría el tribunal.
Los organismos había calificado en numerosas oportunidades a la actitud del TOF 2 como “una decisión absurda e injusta del tribunal el no poder portar las fotos de los desaparecidos en el juicio contra sus propios verdugos”. En ese sentido, el jueves 29 de julio desde el espacio Juicio y Castigo habían presentado un petitorio al TOF 2 solicitando una respuesta por escrito que fundamente por qué no pueden llevar las imágenes de las víctimas de terrorismo de estado.
En esta oportunidad, cuando cerca del mediodía varios de los presentes en la sala de audiencias comenzaron a sacar las fotos de los desaparecidos y las sostuvieron en sus asientos, mirando hacia el tribunal, para sorpresa de todos –que esperaban una respuesta inmediata de los jueces ordenando desalojar el lugar–, los magistrados esperaron unos minutos, anunciaron un cuarto intermedio y solicitaron que “para el reinicio de la audiencia se abstuvieran de sacar las fotos”.
A la vuelta del cuarto intermedio el fiscal Gonzalo Stara realizó un requerimiento al tribunal en el que indicó que “no existe ninguna recomendación que exprese que no se pueda portar fotos de las víctimas en un juicio” y solicitó a los jueces “una argumentación más precisa al respecto”. Los representantes de las diferentes querellas también se plegaron al pedido. La presidenta temporaria del tribunal, Beatriz Caballero, entonces consultó a los defensores de los imputados si se oponían al pedido, pero ninguno puso reparos. Caballero comunicó en ese momento un nuevo cuarto intermedio hasta las 16 para dar a elaborar una resolución de los jueces sobre el asunto en debate.
Finalmente Barabani leyó la resolución en la que mencionó varias veces “la solicitud realizada por el espacio Juicio y Castigo Rosario” y aclaró que ante la novedad de la posición asumida por los abogados de los imputados, que no se opusieron a que los familiares ingresen con la foto de las víctimas, permitirían en ingreso de las fotos “siempre y cuando desde el público no generen disturbios, de lo contrario la decisión se revocará para siempre”.
El juicio, que se inició el 21 de julio pasado, continúa con la lectura de las acusaciones contra el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex oficiales de policía José Rubén Lofiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Scortechini; y el civil Ricardo Miguel Chomicky, imputados de privación ilegítima de la libertad, con agravantes dados por el uso de violencia y amenazas sobre las víctimas y por haber durado más de un mes en algunos de los casos, con tormentos tipificados por considerar que las víctimas eran perseguidos políticos.
Díaz Bessone y Lofiego también están acusados de cometer homicidios, donde el agravante está dado por alevosía, por concurrencia de dos o más personas en el hecho y por ocultar delitos. A todos los imputados ‒quienes actuaron en centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) montado durante la dictadura en la ex jefatura de policía de Rosario‒, se los acusa además del delito de asociación ilícita.
Según los cálculos de los organismos de derechos humanos por el centro clandestino de detenciones pasaron entre 1.800 y 2.000 detenidos políticos. El juicio fue elevado a su instancia oral y pública por sólo el 5 por ciento de los delitos denunciados en el SI. Las querellas aportarán a lo largo del proceso 170 testigos de los crímenes sufridos por 93 personas, de las cuales 17 continúan desaparecidas.
El segundo juicio contra represores de la dictadura en Rosario tuvo este lunes un momento de gran tensión cuando un grupo de integrantes del espacio Juicio y Castigo volvieron a la carga con las fotos de los desaparecidos. El TOF 2 está compuesto por los jueces Jorge Venegas, Otmar Paulucci y Beatriz Caballero, los mismos que llevaron adelante el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad. En aquel proceso, los magistrados desalojaron varias veces la sala de audiencias cada vez que en el público se sacaron imágenes de las víctimas del terrorismo de estado. Por esa razón para los organismos de derechos humanos la de este lunes era un prueba para ver como reaccionaría el tribunal.
Los organismos había calificado en numerosas oportunidades a la actitud del TOF 2 como “una decisión absurda e injusta del tribunal el no poder portar las fotos de los desaparecidos en el juicio contra sus propios verdugos”. En ese sentido, el jueves 29 de julio desde el espacio Juicio y Castigo habían presentado un petitorio al TOF 2 solicitando una respuesta por escrito que fundamente por qué no pueden llevar las imágenes de las víctimas de terrorismo de estado.
En esta oportunidad, cuando cerca del mediodía varios de los presentes en la sala de audiencias comenzaron a sacar las fotos de los desaparecidos y las sostuvieron en sus asientos, mirando hacia el tribunal, para sorpresa de todos –que esperaban una respuesta inmediata de los jueces ordenando desalojar el lugar–, los magistrados esperaron unos minutos, anunciaron un cuarto intermedio y solicitaron que “para el reinicio de la audiencia se abstuvieran de sacar las fotos”.
A la vuelta del cuarto intermedio el fiscal Gonzalo Stara realizó un requerimiento al tribunal en el que indicó que “no existe ninguna recomendación que exprese que no se pueda portar fotos de las víctimas en un juicio” y solicitó a los jueces “una argumentación más precisa al respecto”. Los representantes de las diferentes querellas también se plegaron al pedido. La presidenta temporaria del tribunal, Beatriz Caballero, entonces consultó a los defensores de los imputados si se oponían al pedido, pero ninguno puso reparos. Caballero comunicó en ese momento un nuevo cuarto intermedio hasta las 16 para dar a elaborar una resolución de los jueces sobre el asunto en debate.
Finalmente Barabani leyó la resolución en la que mencionó varias veces “la solicitud realizada por el espacio Juicio y Castigo Rosario” y aclaró que ante la novedad de la posición asumida por los abogados de los imputados, que no se opusieron a que los familiares ingresen con la foto de las víctimas, permitirían en ingreso de las fotos “siempre y cuando desde el público no generen disturbios, de lo contrario la decisión se revocará para siempre”.
El juicio, que se inició el 21 de julio pasado, continúa con la lectura de las acusaciones contra el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex oficiales de policía José Rubén Lofiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Scortechini; y el civil Ricardo Miguel Chomicky, imputados de privación ilegítima de la libertad, con agravantes dados por el uso de violencia y amenazas sobre las víctimas y por haber durado más de un mes en algunos de los casos, con tormentos tipificados por considerar que las víctimas eran perseguidos políticos.
Díaz Bessone y Lofiego también están acusados de cometer homicidios, donde el agravante está dado por alevosía, por concurrencia de dos o más personas en el hecho y por ocultar delitos. A todos los imputados ‒quienes actuaron en centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) montado durante la dictadura en la ex jefatura de policía de Rosario‒, se los acusa además del delito de asociación ilícita.
Según los cálculos de los organismos de derechos humanos por el centro clandestino de detenciones pasaron entre 1.800 y 2.000 detenidos políticos. El juicio fue elevado a su instancia oral y pública por sólo el 5 por ciento de los delitos denunciados en el SI. Las querellas aportarán a lo largo del proceso 170 testigos de los crímenes sufridos por 93 personas, de las cuales 17 continúan desaparecidas.
