Causa Klotzman: Declaró Yolanda Medina


“Yo necesito que se haga justicia, necesito encontrar a Oscar. Su detención dejó una herida muy profunda que jamás va a cicatrizar”, reconoce Yolanda Medina con su modo de hablar pausado, sencillo, dulce. Este miércoles declaró en el juicio oral y público contra cuatro represores de la dictadura acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas –durante los meses de agosto y noviembre de 1976–, entre las que se cuenta su hermano Oscar. Yoli ha brindado su testimonio desde 1984, en varias oportunidades, aunque no siente que esta haya sido sólo una vez más. “Pude decir lo que siento”, remarca tras testificar en lo que fue la primera audiencia del año de la causa Klotzman, luego de la pausa por la feria judicial.

El proceso comenzó el año pasado y concluyó su primera etapa el 30 de diciembre último con la declaración del testigo y sobreviviente de la última dictadura cívico militar, Héctor Chinche Medina, también hermano de Oscar y Yoli.

Los acusados son tres ex policías federales de la Delegación Rosario y un ex militar de inteligencia por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas entre agosto y noviembre de 1976, en el centro clandestino de detención “Quinta de Fisherton”.

Al debate oral, que hace tres años que venía sufriendo postergaciones, llegaron acusados el capitán del Destacamento de Inteligencia 121, Jorge Alberto Fariña; y los ex integrantes de la Delegación local de la PFA: el ex oficial Federico Almeder, el ex auxiliar Juan Langlois y el ex inspector Enrique Andrés López. Los cuatro están imputados por múltiples privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, homicidios y apropiación de niños, y actualmente están detenidos con la modalidad de prisión domiciliaria.

Según la acusación fiscal, todos los hechos delictivos fueron perpetrados “mientras se hallaba operativo el grupo de tareas –conformado por quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121 y los miembros de la PFA–, quienes, más allá de la división de funciones –propia de las distintas jerarquías y estamentos– actuaban en concierto en todo lo relativo a detenciones de personas, mantenimiento de esa situación y posterior disposición de las mismas”.

Eternamente, Yolanda

El relato de Yolanda Medina despliega una historia intensa, valiente, de golpes, de aprendizajes, de búsqueda, primero particular y luego colectiva, movida siempre desde el afecto y transformada en acción política. El testimonio que brindó este miércoles, como el de miles de familiares de desaparecidos, fue una declaración de amor.

“Pude decir todo lo que sentía y recordé. Fueron años muy duros, nos tocó esto sin conocer qué hacer. Con Elisa (su madre) no éramos militantes políticas, no conocíamos, pero tuvimos que salir a luchar porque era lo único que nos quedaba, reclamábamos la aparición con vida de Oscar”, refiere Yoli, horas después de testificar; si bien lo pudo hacer en sede judicial, fue seguida a la distancia por el resto de las partes.

Las audiencias, en tiempos de pandemia, se realizan con escasas presencias y se transmiten, de forma acotada, por una plataforma virtual.

“Nos costó entender que la Policía y el Ejército secuestraban, que se llevaban a los jóvenes, que los torturaban, que eran violadores seriales, que los mataban y los hacían desaparecer. Fue terrible para nosotros poder comprender eso”, admite Yoli, retomando el hilo de su declaración del miércoles que reconstruyó ante este medio. “Eso fue mucho más. Yo ya había visto a Oscar muy torturado la primera vez que lo detuvieron, en el marco de un conflicto gremial”, añade la testigo.

Yolanda cuenta que pudo describir en la audiencia buena parte de lo sufrido por su hermano. “Fue un operativo sin precedentes. Rodearon la manzana con una gran cantidad de efectivos. Nosotros salimos a mirar, no pensábamos que venían a buscarlo a él. Un pibe de 21 años que era delegado, que lo despidieron. Yo pienso que como no lo podían callar, buscaron callarlo de cualquier forma”, reflexiona.

“Siento que pude llegarles, que pude decirles, para que comprendan lo que pasó, lo que hicieron, lo que vivimos y lo que significó todo esto para nosotros”, insiste Yoli, quien no sólo aportó datos sobre el secuestro de su hermano, sino que dio cuenta del camino de búsqueda emprendido por su familia.

“En un principio esa lucha comenzó en una soledad muy absoluta, con Elisa. Muchos nos dejaron, amistades y familiares consideraron que éramos un peligro, había pegado fuerte el miedo y el «por algo será». Y con ese pretexto, se fueron alejando. Hubo un compañero del trabajo de Oscar que siguió, que nos acompañó”, rememora Yolanda.

“Tengo que agradecer mucho a Familiares. Cuando llegamos ahí fue como tocar el cielo con las manos. Veníamos de soportar maltrato tras maltrato de cada lugar al que concurríamos pensando que nos iban a dar una respuesta”, continúa Yoli. Y agrega: “Entonces, cuando llegamos a Familiares nos sentimos contenidas, nos ayudaron, nos enseñaron, salimos con ellos cuando teníamos que hacer alguna presentación. Conocí a gente muy buena, como Fidel Toniolli, Lucrecia Martínez, María Rosa White, María Dolores Albá, que eran quienes estaban cuando nosotros llegábamos”.

Tras la declaración de Yolanda, el que sigue es el testimonio de Nilda Lovey, esposa de Oscar. Pero ese turno continuará en la próxima audiencia del juicio, que tendrá lugar el miércoles 17 de febrero.

De la causa

El juicio se centra sobre los hechos ocurridos principalmente en el centro clandestino de detención “Quinta de Fisherton”, también conocido como “Quinta operacional de Fisherton”, que dependía del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, a cargo de la llamada “Zona de Defensa 2”. Allí las víctimas –integrantes de la organización PRT-ERP o que tuvieron alguna relación con sus miembros– resultaron muertas o desaparecidas y fueron privadas ilegítimamente de su libertad.

La fiscalía detalló en el requerimiento de elevación a juicio que “además de los testimonios que dan cuenta de la realidad de los acontecimientos, se deja expresamente sentado que todas las constancias documentales emanadas de las autoridades que ejecutaban el plan sistemático deberán ser analizadas”, en tanto fueron “emanadas de un ámbito clandestino e ilegal que se valía de la autoridad del Estado para perpetrar de manera sistemática ilícitos aberrantes, con garantía de impunidad para sus perpetradores (la cual incluía el labrado de dichas actuaciones formales y ficticias)”.

En el requerimiento de elevación a juicio la fiscalía acreditó la “existencia de un plan de exterminio de los militantes del PRT-ERP o de aquellos que se sospechaba militaban en dicho partido” y detalló que “el plan sistemático de represión ilegal que azotó el país calificaba como «oponentes» a aquellos que, a criterio de los perpetradores, militaran en el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo, al punto que los catalogaba como «Oponente Activo» de «Prioridad 1»”, según expresaba la terminología de los documentos oficiales utilizados por las fuerzas armadas.

El listado de víctimas de este juicio se encuentra integrado por Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman y la hija de ambos, recuperada en 2011; Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, Maria Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.

El 7 de abril de 2011, a través de un análisis de histocompatibilidad efectuado por el Banco Nacional de Datos Genéticos, recuperó su identidad la hija apropiada de Ricardo Horacio Klotzman y de Cecilia Barral, quien nació durante la desaparición forzada de su madre. El hecho se pudo conocer a través del relato del único sobreviviente de la “Quinta de Fisherton” que confirmó el embarazo avanzado mientras se encontraban en cautiverio. A través de la investigación se pudo determinar que la niña fue sustraída por los represores y entregada a una familia en la ciudad de Santa Fe. Su recuperación fue la restitución número 103.

La acusación señala que las víctimas sufrieron la persecución de los autodenominados “Operativos Conjuntos” del Ejército y de la Delegación local de la Policía Federal.

El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario, integrado por la jueza Mariela Emilce Rojas y los jueces Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez. Actúa en representación del MPF la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte.

Se estima que el juicio podría llegar a su cierre para junio de este año, fecha que las querellas estiman podría ser dictada la sentencia.

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