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viernes, agosto 28, 2020

Se retoma por videoconferencia el juicio "ESMA IV”


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso continuar el próximo 7 de septiembre, en forma remota, el juicio por crímenes de lesa humanidad conocido como "ESMA IV”, a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto frente a la pandemia. La resolución, firmada por el presidente del tribunal, Daniel Obligado, ordenó las próximas audiencias para los días 7, 14 y 21 de septiembre, a partir de las 9.30 hs.

El juicio se celebrará mediante la aplicación Jitsi Meet provista por el Consejo de la Magistratura. El tribunal, además, solicitó a la Cámara de Casación la utilización de la sala E, del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, de resultar necesaria la presencia de alguna de las partes.

El debate continuará con el alegato del defensor particular del acusado Horacio Luis Ferrari, ex integrante del Grupo de Tareas 3.3.2, respecto de un último elemento de prueba incorporado al juicio. Sobre ese punto, el MPF realizó su alegato a principios de marzo pasado. Tras ello, se otorgará la posibilidad de réplicas a la fiscalía, representada actualmente por el fiscal federal Leonardo Filippini y la auxiliar fiscal Marcela Obetko, y a las partes querellantes y de dúplicas a las todas las defensas.

En abril la fiscalía había destacado que restaban pocas audiencias y subrayado la necesidad de arbitrar los medios necesarios para proseguir el juicio en línea con lo indicado por la Acordada 10/20 de la Cámara Federal de Casación Penal. Varios imputados se encuentran privados de su libertad y las demoras implicarían un perjuicio para las víctimas que bregaron años contra la impunidad de los responsables de estos crímenes y el interés general de la sociedad en el juzgamiento. El MPF, asimismo, resaltó la importancia de la publicidad del juicio a través de los mecanismos disponibles.

En este juicio se juzgan más de 800 casos de privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y agresiones sexuales cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. En mayo de 2019, el MPF solicitó pena de prisión perpetua para los imputados Horacio Luis Ferrari, Ramón Roque Zanabria, Néstor Carlos Carrillo, Jorge Luis Ocaranza, José Ángel Iturri, Carlos Mario Castellvi -todos ellos miembros de la Armada Argentina-, el agente civil de Inteligencia del Batallón 601, Miguel Conde, y el ex agente de la Policía Federal Raúl Armando Cabral. También se requirió la pena de seis años de prisión para Claudio Vallejos, quien integró el grupo de tareas de la ESMA que realizó el operativo de secuestro del diplomático argentino y dirigente de la UCR, Héctor Hidalgo Solá.

Fuente: Fiscales/MPF

lunes, julio 13, 2020

Reanudan Juicios de Lesa Humanidad

Entra en la recta final el juicio por delitos de lesa humanidad en la zona de Escobar, Zárate y Campana, como también avanzan causas en Mar del Plata, Bahía Blanca, y en las provincias de Tucumán y Mendoza.

El juicio que se sigue en los Tribunal Oral Federal 2 de San Martín por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el Arsenal Naval de Zárate y otros centros clandestinos de esa zona entrará este lunes 13 de julio en la etapa previa a las sentencias con las lecturas de las réplicas y dúplicas por parte de las querellas, la acusación y las defensas.

En este proceso oral y público en el que se juzgan privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones cometidos en el circuito represivo de Escobar, Zárate y Campana entre marzo y abril de 1976, y las audiencias se harán por vía remota por las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

El miércoles 15 de julio, por videoconferencia, proseguirá en los Tribunales de San Martín, el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En este juicio están siendo juzgados Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Muchas de las víctimas que pasaron por los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo eran trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.

Ese mismo día y por la vía remota seguirá en Mar del Plata el juicio «La Cueva III», por delitos cometidos en La Cueva, el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata, en el que está acusado Salvador Ullúa, entre otros represores, que está siendo también juzgado en en el juicio «CNU» por ser partícipe necesario en su rol de civil de inteligencia.

Los otros imputados son: Emilio Guillermo Nani, Juan José Banegas, Miguel Ángel Ruiz y Ceferino Silva, quienes además son investigados por participar en «La Noche de las Corbatas».
El jueves 16 de julio, en los tribunales de Bahía Blanca habrá nuevas audiencias por videoconferencia en el juicio que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad por la banda parapolicial Triple A antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

Los imputados son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, y están acusados de cometer delitos contra 20 víctimas que desarrollaban actividades gremiales y políticas en Bahía Blanca.
Ese día, en Tucumán seguirán, por medios electrónicos, las audiencias del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II.

El jueves, además, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín seguirá juzgando a nueve exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por los secuestros, torturas y asesinatos de casi cien personas, en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada «Contraofensiva montonera», ocurrida entre 1979 y 1980.

Finalmente, el viernes 17 de julio proseguirá en Mendoza el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas «Destacamento» y «Fuerza Área»- agrupan a 16 de los veinte acusados.

Foto:
Bacacay 3570, casa identificada recientemente como Centro Clandestino de detención. En la misma manzana de Automotores Orletti, en el barrio de Floresta.

sábado, junio 20, 2020

Cinta a indagatoria a Tschopp, ex juez de la dictadura



El ex juez federal de Rosario durante la última dictadura, Guillermo Ernesto Tschopp, fue citado a declaración indagatoria en la que será acusado de secuestros, desaparición forzada y homicidio contra 63 víctimas del terrorismo de Estado en cuyos casos intervino como magistrado.

Tschopp estuvo al frente del Juzgado Federal de la 2ª Nominación de Rosario durante siete años, los mismos que duró la última dictadura cívico militar, y fue denunciado en 2018 por la agrupación Hijos Rosario por su presunta “participación en graves crímenes de lesa humanidad”.

El titular de la Unidad Fiscal que investiga violaciones a los Derechos Humanos, Adolfo Villate, solicitó la indagatoria de Tschopp en abril pasado –durante la feria extraordinaria por la pandemia de coronavirus– y el juez federal N°4, Marcelo Bailaque, resolvió citarlo a declarar el 8 de julio próximo, indicaron a Télam voceros judiciales.

Desde la denuncia, el fiscal Villate “realizó una profusa recolección de prueba instrumental”, informó este jueves la Unidad a su cargo a través de un comunicado. Así, “se estudiaron 134 recursos de Habeas Corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo interpuestos por éstos”.

En total, el fiscal analizó “173 expedientes que tramitaron por ante la Justicia Federal rosarina durante la última dictadura cívico-militar”.

Para Villate, en la investigación hay elementos suficientes para citar a Tschopp a declaración indagatoria por su presunta participación primaria en los delitos cometidos en perjuicio de 63 víctimas del Terrorismo de Estado. 

La denuncia de la agrupación Hijos menciona el caso de un detenido-desaparecido que luego de haber sido salvajemente torturado en el Servicio de Informaciones de la Policía local, “a fines de 1976 es trasladado y alojado en la cárcel de Coronda”, donde es visitado por el juez Tschopp.

“Ante la presencia de este magistrado denuncia las torturas y los apremios ilegales sufridos en el Servicio de Informaciones, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del consejo de guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo apremios”, sostiene la denuncia.

Recuerda que el detenido tampoco contó con una defensa y que firmó “todas las actuaciones estando tabicado (vendado)”. De acuerdo a la denuncia, “luego del arsenal de denuncias realizadas por la víctima, el magistrado le contesta: ‘¿Usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?’”.

Además, Tschopp “le hizo saber (a la víctima) que las actas de estas declaraciones serían la base con la que él lo juzgaría”, y mientras el consejo de guerra militar lo condenó a 8 años y 7 meses de prisión, la pena “fue aumentada por la justicia federal en 10 años de prisión”.

El ex juez también fue acusado por “cajonear” decenas de Habeas Corpus presentados por familiares de víctimas y por avalar judicialmente los métodos ilegales del Terrorismo de Estado.

viernes, junio 19, 2020

Domiciliarias: Fermoselle seguirá preso


El juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, rechazó una solicitud de prisión domiciliaria para el represor policial Julio Héctor Fermoselle, que el 14 de mayo último fue condenado por segunda vez por delitos de lesa humanidad a una pena de 18 años de prisión.

Según informó este jueves la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, el rechazo se fundó en la gravedad de las acusaciones que pesan sobre Fermoselle y en la necesidad de, al momento de evaluar solicitudes de esas características, “realizar análisis integral de la cuestión, que incluya una perspectiva de género en la valoración de los elementos reunidos”. 

La Unidad recordó que el represor dos veces condenado, “continúa siendo investigado en instrucción por otros delitos cometidos también en el marco del terrorismo de Estado, entre los que se encuentra el abuso sexual a una persona detenida ilegalmente”. 

A la vez, el fiscal Adolfo Villate, titular de la Unidad, puso especial énfasis en su dictamen en las adecuadas condiciones sanitarias en que las que se lleva adelante la detención de Fermoselle.

El reo está alojado en la Unidad Penitenciaria 31, en un pabellón con muchas menos personas que la capacidad que tiene, con ventilación y elementos de higiene apropiados, sostuvo el fiscal.

También hizo hincapié, como se dijo, en la calidad de los delitos por los que fuera condenado y por los que se encuentra siendo investigado, en particular por hechos de violencia sexual.

En su dictamen, Villate resaltó que está obligado “por la normativa internacional –en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer– y nacional –en particular la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales– que regula la materia, que exige que quienes somos funcionarios del Estado, en cualquiera de sus niveles, visibilicemos todas las formas particulares de violencia que sufren las mujeres y procuremos que esos hechos se investiguen y se sancionen como corresponde”. 

“Para ello –señala el dictamen– es fundamental que quienes son acusados de esos delitos no tengan condiciones que permitan que eludan el accionar de la justicia, algo que podría verse facilitado en caso de estar en prisión domiciliaria”. 

En el texto, que sirvió de base al rechazo de la solicitud de prisión domiciliaria de Fermoselle dictado este miércoles por Bailaque, el fiscal fundó además su oposición en que “el delito de violación sexual, como se sabe y como ocurre con todos los delitos violentos cometidos por medios sexuales, es un delito que afecta particularmente la subjetividad de las víctimas y continúa impactando en ellas aún con el paso del tiempo”.

“A su vez, debo destacar que este tipo de delitos, sólo recientemente está siendo investigado en la jurisdicción, a pesar de haber estado presente en los testimonios de las mujeres que vivieron estas violencias desde sus primeras declaraciones”, concluyó Villate.

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