El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario comenzó a juzgar este viernes a los militares retirados Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Hugo Maderna y al civil Pedro Alberto Rodríguez por el secuestro y las torturas que padeció durante la última dictadura el entonces titular del Sindicato de Municipales de San Lorenzo, Manuel Ricardo Casado. En la primera audiencia, que se realizó en la mañana del viernes en los Tribunales federales Rosario, la secretaría del TOF1 leyó la requisitoria de elevación a juicio de la querella, a cargo del abogado Gustavo Feldman, y luego hizo lo propio la fiscal del caso, Mabel Colalongo. Luego, el tribunal convocó a una nueva audiencia para el 11 de abril, cuando las partes debatirán las cuestiones preliminares y la fiscalía solicitará que este juicio se unifique con el resto de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en San Lorenzo, en su mayoría contra trabajadores y delegados sindicales de base. “Aunque incompleto, se ha llegado a una bu

El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario iniciará este viernes un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la localidad de San Lorenzo, que tiene como víctima a un ex dirigente gremial y tres imputados, uno de ellos civil, informaron fuentes judiciales. Se trata de una parte de la causa denominada “San Lorenzo” o “de los trabajadores”, que reúne las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en el cordón industrial del Gran Rosario, del que fueron víctimas delegados de base, activistas y dirigentes gremiales. En el juicio están imputados el teniente coronel (re) Rubén Osvaldo Cervera y el capitán (re) Horacio Hugo Maderna, jefe y subjefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán en 1976, respectivamente, y el abogado Pedro Alberto Rodríguez, ex asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar.  También estuvo imputado el comandante del II Cuerpo del Ejército durante la represión, Ramón Genaro Díaz Bessone,

El espacio Juicio y Castigo Rosario –conformado por testigos y querellantes de las causas contra el terrorismo de Estado, organismos de derechos humanos y diferentes organizaciones–, presentó una nota en los tribunales federales de Rosario para solicitar que “ante el reinicio de un nuevo año de juzgamiento a los genocidas se eliminen los obstáculos para el acceso al público a las audiencias”. “Ante el reinicio de los juicios a los represores, queremos pedir al tribunal que se terminen la trabas burocráticas para poder presenciar las audiencias”, reclamaron a través de un comunicado de prensa los organismos de derechos humanos, y agregaron: “Nos obligan a ir un día con una fotocopia del documento, otro día a retirar la acreditación y recién después de eso se puede acceder a las audiencias, es decir que para poder participar tenés que faltar al trabajo tres días distintos”. Para los integrantes de Juicio y Castigo “eso constituye una traba concreta para que los juicios sean verdaderam