Ahora sí, comenzó el juicio Feced III
Luego de tres suspensiones, finalmente comenzó el juicio contra represores de la dictadura del ex Servicio de Informaciones de la Policía. Hubo radio abierta en la puerta del tribunal, organizada por los organismos de derechos humanos.Sin la presencia del recién fallecido cura Eugenio Zitelli, y luego de tres postergaciones, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Rosario, compuesto por Lilia Carnero, Eugenio Martínez y Aníbal Pineda, comenzó el jueves pasado a juzgar a trece represores que operaron en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, el mayor centro clandestino de detención y torturas que funcionó en la provincia durante la última dictadura cívico militar.
En la puerta del palacete de Justicia, organizaciones de derecho humanos, sociales, sindicales y políticas, nucleadas en el Espacio Juicio y Castigo, realizaron una radio abierta para acompañar a los testigos y querellantes. “Teníamos que estar acá más que nunca, hoy que los personeros de la impunidad vuelven a la carga con amenazas e intimidaciones”, plantearon desde los micrófonos.“A pesar de las demoras y obstáculos que nos han puesto en esta causa, estamos en las puertas del tribunal para decir que no hay amenazas ni intimidación que eviten que sigamos exigiendo el juicio y castigo para los genocidas vendepatria”, señalaron desde el Espacio Juicio y Castigo Rosario.
En la radio abierta, las organizaciones recordaron que “este juicio debió haber comenzado el año pasado y sufrió tres postergaciones que le permitieron al cura Eugenio Zitelli, quien bendecía las torturas en el Servicio de Informaciones, extender su impunidad hasta el último de sus días”.
El expediente está caratulado bajo el título “Ibarra, Ramón Telmo Alcides y Otros s/ Homicidio Agravado p/el Concurso de dos o más personas, Privación Ilegal Libertad Agravada -Art. 142 Inc. 1-, Imposición de Tortura Agravada -Art. 144 Ter. Inc.2-, Abuso Sexual -Art. 119 3° Párrafo- y Asociación Ilícita”.
El proceso contra represores de la dictadura conocido como Feced III –por Agustín Feced, el ex comandante de Gendarmería que se hizo cargo en esos años de la Policía de Rosario–, finalmente comenzó sin la presencia del cura Eugenio Zitelli, imputado que falleció la semana pasada.
Tras la muerte de Zitelli, los represores sentados en el banquillo de los acusados serán 13: Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Rito Vergara, Héctor Gianola y Daniel González.
En rigor, Zitelli no es el único que se salvó del juicio Feced III por un golpe de impunidad divina, genocidas emblemáticos como Jorge Rafael Videla y Ramón Genaro Díaz Bessone o los represores locales Diego Portillo y Ricardo Corrales (ver El represor que lavó sus culpas con lavandina), también formaron parte del expediente pero murieron antes de que el proceso llegue a la instancia oral y pública.
Dentro de la sala de audiencias, repleta de querellantes, testigos, familiares de desaparecidos y representantes de organizaciones de derechos humanos, se comenzaron a leer las razones por las cuales se lleva adelante el proceso, la lectura de los denominados “requerimientos de elevación a juicio”.
A lo largo de cinco horas, la secretaria del tribunal leyó a cada uno de los acusados los graves crímenes de lesa humanidad que se le imputan, y que fueron cometidos en el ex Servicio de Informaciones que estuvo ubicado en la ochava del Dorrego y San Lorenzo de la ex Jefatura de Policía, donde actualmente funciona la sede rosarina de la gobernación provincial.
En Feced III se juzga a 13 imputados por los casos correspondientes a 154 víctimas que estuvieron cautivas en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, el mayor centro clandestino de detención y tormentos de los que funcionaron en la provincia de Santa Fe.
En la audiencia, estuvieron presentes sólo 10 de los 13 imputados, ya que Lofiego la siguió desde su lugar de detención, el penal de Ezeiza, mientras que Ibarra se ausentó por estar recuperándose de una operación.
Los delitos que constituyen la acusación son: privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados –sólo el acusado es Marcote y por dos víctimas–; homicidios agravados –sólo los correspondientes a 20 víctimas y no todos los imputados están acusados por esta figura– y asociación ilícita para quienes no fueron juzgados con anterioridad por este delito.La cantidad de testigos ofrecidos por las partes y admitidos por el Tribunal es de 322 –entre quienes se encuentran sobrevivientes, familiares, expertos, entre otros–.
Foto: Andrés Macera.
En la puerta del palacete de Justicia, organizaciones de derecho humanos, sociales, sindicales y políticas, nucleadas en el Espacio Juicio y Castigo, realizaron una radio abierta para acompañar a los testigos y querellantes. “Teníamos que estar acá más que nunca, hoy que los personeros de la impunidad vuelven a la carga con amenazas e intimidaciones”, plantearon desde los micrófonos.“A pesar de las demoras y obstáculos que nos han puesto en esta causa, estamos en las puertas del tribunal para decir que no hay amenazas ni intimidación que eviten que sigamos exigiendo el juicio y castigo para los genocidas vendepatria”, señalaron desde el Espacio Juicio y Castigo Rosario.
En la radio abierta, las organizaciones recordaron que “este juicio debió haber comenzado el año pasado y sufrió tres postergaciones que le permitieron al cura Eugenio Zitelli, quien bendecía las torturas en el Servicio de Informaciones, extender su impunidad hasta el último de sus días”.
El expediente está caratulado bajo el título “Ibarra, Ramón Telmo Alcides y Otros s/ Homicidio Agravado p/el Concurso de dos o más personas, Privación Ilegal Libertad Agravada -Art. 142 Inc. 1-, Imposición de Tortura Agravada -Art. 144 Ter. Inc.2-, Abuso Sexual -Art. 119 3° Párrafo- y Asociación Ilícita”.
El proceso contra represores de la dictadura conocido como Feced III –por Agustín Feced, el ex comandante de Gendarmería que se hizo cargo en esos años de la Policía de Rosario–, finalmente comenzó sin la presencia del cura Eugenio Zitelli, imputado que falleció la semana pasada.
Tras la muerte de Zitelli, los represores sentados en el banquillo de los acusados serán 13: Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Rito Vergara, Héctor Gianola y Daniel González.
En rigor, Zitelli no es el único que se salvó del juicio Feced III por un golpe de impunidad divina, genocidas emblemáticos como Jorge Rafael Videla y Ramón Genaro Díaz Bessone o los represores locales Diego Portillo y Ricardo Corrales (ver El represor que lavó sus culpas con lavandina), también formaron parte del expediente pero murieron antes de que el proceso llegue a la instancia oral y pública.
Dentro de la sala de audiencias, repleta de querellantes, testigos, familiares de desaparecidos y representantes de organizaciones de derechos humanos, se comenzaron a leer las razones por las cuales se lleva adelante el proceso, la lectura de los denominados “requerimientos de elevación a juicio”.
A lo largo de cinco horas, la secretaria del tribunal leyó a cada uno de los acusados los graves crímenes de lesa humanidad que se le imputan, y que fueron cometidos en el ex Servicio de Informaciones que estuvo ubicado en la ochava del Dorrego y San Lorenzo de la ex Jefatura de Policía, donde actualmente funciona la sede rosarina de la gobernación provincial.
En Feced III se juzga a 13 imputados por los casos correspondientes a 154 víctimas que estuvieron cautivas en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, el mayor centro clandestino de detención y tormentos de los que funcionaron en la provincia de Santa Fe.
En la audiencia, estuvieron presentes sólo 10 de los 13 imputados, ya que Lofiego la siguió desde su lugar de detención, el penal de Ezeiza, mientras que Ibarra se ausentó por estar recuperándose de una operación.
Los delitos que constituyen la acusación son: privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados –sólo el acusado es Marcote y por dos víctimas–; homicidios agravados –sólo los correspondientes a 20 víctimas y no todos los imputados están acusados por esta figura– y asociación ilícita para quienes no fueron juzgados con anterioridad por este delito.La cantidad de testigos ofrecidos por las partes y admitidos por el Tribunal es de 322 –entre quienes se encuentran sobrevivientes, familiares, expertos, entre otros–.
Foto: Andrés Macera.