Feced II: El testimonio del ex juez federal Guillermo Tschopp
El jueves 26 de junio continuaron las audiencias en el juicio oral y público contra diez integrantes de la patota de Feced, donde se escuchó el importante testimonio del ex juez federal Guillermo Tschopp, que ocupara ese cargo entre 1976 y 1984 y que fuera cuestionado en duros términos y en repetidas oportunidades por sobrevivientes del Servicio de Informaciones, los cuales dieron cuenta de que el el magistrado hizo caso omiso a las denuncias por torturas que le presentaron en aquellos años.
El ex juez fue invitado a explicar el mecanismo mediante el cual los detenidos por razones políticas eran “blanqueados”, es decir, incorporados al sistema judicial tras su paso por los centros clandestinos de la dictadura. "Los sumarios eran enviados por la Policía Federal o de la provincia y ahí se sustanciaba la causa en sede judicial, no eran los jueces quienes ordenaban las detenciones”, se atajó Tschopp, quien supo dar hasta ocho años de condena a los detenidos políticos que les llevaba la patota.
"En algunos casos, (los presos) manifestaban que habían sido sometidos a algún tipo de apremios", reconoció en un momento, al ser preguntado por la presidenta del tribunal. "En esos casos se daba intervención al fiscal y a la Defensoría", añadió.
Ante una pregunta del abogado de los represores, Francisco Miño -quien le preguntó si había recibido denuncias de detenidos por apremios-, el ex juez respondió: "Denuncias, no. Sí había manifestaciones al recibir declaración indagatoria. Al leérseles la declaración prestada en sede prevencional (policía o Ejército), manifestaban haber recibido violencia".
"Había un decreto ley que establecía la competencia de la autoridad militar para aquellos casos relacionados con violencia recibida de parte de personal que estuviere a la orden de autoridad militar", justificó el ex magistrado.
Preguntado sobre las solicitudes de hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos que presentaban familiares de las víctimas del terronismo de Estado, el ex juez afirmó que "el trámite era pedir informes a las autoridades, policía provincial y federal, Gendarmería, y en función del resultado se disponía hacer lugar. Si estaba detenido, se lo hacía comparecer y verificar si era legítima la detención. Si era negativo, se corría vista al fiscal y quedaba desestimado. No cabía otra posibilidad de investigación".
"El Tribunal jamás ordenaba el lugar de detención, todo eso era controlado por el Comando del II Cuerpo de Ejército y la policía. En Rosario no visitamos las cárceles", confesó, y luego añadió: "No había motivos, quien estaba en Rosario era trasladado al tribunal por la autoridad policial".
Consultado por el fiscal Gonzalo Stara sobre si "había diferencia entre las fechas de los hechos imputados", el ex juez reconoció que "sí”. “En las causas que llegaban no coincidían el momento del parte preventivo con la detención. Todos, incluso absueltos del Juzgado, continuaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo (PEN) que tenía un poder absoluto".
En ese fragmento de su declaración, Tschopp intentó zafar de las repreguntas de los jueces, del fiscal y de los abogados de la querella y aseguró no recordar bien porque “también tenía mucho trabajo con los presos comunes”, ante lo que la representante legal de HIJOS, Nadia Schujman, lo inquirió: ¿Y si esos eran comunes los otros presos qué eran?”. El ex juez afirmó que eran presos que “tenían un tratamiento especial”. La jueza Berros le repreguntó sobre qué tratamiento especial tenían y Tschopp, quien eludió reconocer que eran presos políticos, expresó: “Yo no sé bien, pero por cuestiones de seguridad tenían otro trato”.
