A nueve años de la anulación de las leyes de impunidad: Memoria, verdad y justicia
El 2 de septiembre de 2003 el Poder Ejecutivo promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. A nueve años de ese hecho, y luego de que la Corte declarara -el 14 de junio de 2005- la inconstitucionalidad de estas normas, se desarrollan en el país 15 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar y están previstos que comiencen otros tres procesos antes de fin de año. Hubo 299 condenados en causas por delitos de lesa humanidad desde el regreso de la democracia hasta la fecha, 267 desde 2003.
Hasta el año 2008 había 70 personas condenadas, al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 100, a fines de 2010 a 199, mientras que para el 2011 se condenó a 267.
La decisión de anular las llamadas “leyes del perdón” o “leyes de la impunidad” fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner.
La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.
La Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida” –concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores–.
En 2003, la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara baja un proyecto para anular estas leyes, iniciativa que fue apoyada por el presidente Kirchner.
El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobaba la ley por la que se declaran “insanablemente nulas” estas leyes.
El proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que lo convirtió en ley el 20 de agosto de 2003. La ley que anuló las “leyes del perdón y de la impunidad” fue promulgada por Kirchner el 2 de septiembre de 2003.
Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, sean juzgados.
Informe del Ministerio Público Fiscal
Según el último informe publicado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, actualmente se registra un total de 923 personas procesadas (personas respecto de las cuales se dictaron autos de procesamiento). De estas 923 personas procesadas, 519 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 132 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. De este modo, más de la mitad (651) de los 923 procesados actuales, ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio.
A su vez, esa Unidad Fiscal ha realizado un relevamiento de todos los condenados en las causas bajo análisis obteniendo como resultado la cifra de 299 condenados en causas por delitos de lesa humanidad desde el regreso de la democracia hasta la fecha.
Hasta el año 2008 había 70 personas condenadas, al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 100, a fines de 2010 a 199, mientras que para el 2011 se condenó a 267.
Además, el 13 de junio de este año, la Cámara Nacional de Casación Penal revocó las absoluciones dictadas en el año 2009 en el marco de la causa nro. 1261 y 1268 “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad” Primer Cuerpo del Ejército –Jefes de Área– y condenó a Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Román Lobaiza y Teófilo Saa. En consecuencia, se registran 32 condenados en el transcurso de este año. Si se suman éstos últimos a los 267 condenados que había a fin del año pasado, se obtiene un total de 299 condenados a julio de 2012.
Durante 2012 han concluido 11 juicios orales. Actualmente, se encuentran en curso 16 juicios –orales y escritos– mientras que ya se ha fijado fecha de debate en otros 5 juicios más.
A partir de esos datos se puede concluir que durante 2012 han sido o están siendo juzgadas 206 personas. Esta cifra incluye a todas las personas sobre las que recayó sentencia hasta julio de este año y aquéllas que están siendo sometidas a juicio actualmente. De igual modo, en los próximos meses serán juzgadas al menos otras 84 personas más, pues se encuentran imputadas en las 5 causas que ya tienen fecha de juicio programada.
Por otro lado, constituyen materia de los juicios que se encuentran programados los delitos cometidos en perjuicio de aproximadamente 832 víctimas, mientras que son objeto de los juicios en curso –orales y escritos– alrededor de 916 casos.
A su vez, la Unidad Fiscal relevó datos relativos a las medidas restrictivas de la libertad dispuestas en el marco de las causas bajo análisis. Al mes de julio de 2012 hay 629 personas detenidas. Ellas se encuentran alojadas del siguiente modo: 54.1% en unidades penitenciarias, 42.2% en detención domiciliaria, 3.1% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y 0.6% en hospitales.
Fuentes: Redacción Rosario, Ministerio público Fiscal, Télam
