Juicio Díaz Bessone: La hora del final
Con el de Gonzalo Miño ‒abogado del jerarca de la dictadura Ramón Díaz Bessone‒, culminaron este martes los alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en centro clandestino de detención que funcionó en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario. Alineado con las recientes declaraciones del ex dictador Jorge Rafael Videla, el defensor indicó que “estos juicios son políticos”, que fueron provocados “por el gobierno nacional” y reflotó la teoría de los dos demonios. Tras un año y ocho meses en los que se realizaron más de cien audiencias, el proceso oral y público de la ex causa Feced llega a sus instancias finales.
Luego de un mes de idas y vueltas generadas por las chicanas de Miño ‒el único de los abogados del juicio que no pertenece al Ministerio Público de la Defensa‒, el letrado que representa al principal acusado del proceso realizó un corto e ideologizado alegato.
Los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) de Rosario, quienes habían escuchado este lunes las aclaraciones de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la salud de Díaz Bessone, resolvieron al inicio de la audiencia de este martes que Miño comience de una vez con su alegato.
El abogado particular inició entonces su escueta defensa que se centró en cuestionar el proceso al que calificó de “político” y consideró que “no respetó las garantías del debido proceso de los imputados”, aunque no detalló por qué razones se faltó a ese derecho de los acusados.
En línea con las recientes declaraciones del ex dictador Jorge Videla, Miño indicó que “estos juicios son provocados por el gobierno nacional” y que “los llamados delitos de lesa humanidad son una cosa de hoy”, que tienen que ver “con el momento actual”.
El defensor de Díaz Bessone reflotó la teoría de los dos demonios ‒que prentende igualar a los genocidas con los militantes populares‒y reclamó que “la otra parte también debería ser juzgada”. “Todo lo que digo lo hago en honor a la verdad”, subrayó varias veces el abogado.
También cuestionó Miño que entre los imputados no se encuentren enjuiciados “los civiles que formaron parte de la dictadura cívico militar” y agregó: “En honor a la verdad deberían investigarse entonces también a los civiles, empresarios y políticos”. “Mi defendido mencionó gente como el doctor Martínez Raimonda por ejemplo, otros imputados como (Carlos) Altamirano ‒imputado en otro juicio‒ mencionó que el doctor Hermes Binner revisaba a los detenidos y pedía que lo lleven tabicado. Esa gente debería ser traía a estos juicios”, se quejó el letrado.
Hacía el final de su fugaz defensa, que no duró más de cuarenta minutos, el abogado dijo saber que “en este juicio el resultado está puesto”, que “la suerte ya está echada” y que por tanto “no tenía más mucho para decir”.
Si haber hecho alusión a ningún testimonio ni prueba de las que se presentaron a lo largo de más de cien audiencias, y un año y ocho meses de juicio, el representante legal de Díaz Bessone concluyó adhiriendo a “los planteos de los otros defensores”‒los cuales habían enfocado su alegato en una precisa defensa técnica que contradice en buena parte lo dicho por Miño‒. El letrado cerró su intervención con la frase “hagan lo que tenga que hacer, pero que sea rápido”.
Luego de un cuarto intermedio se desarrolló la instancia en la que los abogados de las querellas responden a los planteos y nulidades señalados por los defensores de los imputados.
Al concluir la audiencia el presidente temporario del TOF, Jorge Venegas, informó que este miércoles anunciarán el cronograma de continuidad del juicio que sólo tiene por delante las “últimas palabras” de los acusados y la lectura de la sentencia.
En el proceso, que se inició en julio de 2010, son juzgados además Díaz Bessone los ex policías José Rubén el Ciego Lofiego, Mario el Cura Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y el ex detenido político acusado de “colaboracionista” Ricardo Cady Chomicky.
A lo largo las más de cien audiencias, el TOF escuchó a más de un centenar de testigos que estuvieron alojados en la mayor centro de detención que funcionó en el Servicio de Inteligencia (SI) de la policía de Rosario durante la dictadura, y por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas.
La fiscalía y las querellas de HIJOS, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Familiares, coincidieron en solicitar prisión perpetua para Díaz Bessone y Lofiego, y 25 años de reclusión para Marcote, Vergara y Scorteccini, por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Mientras que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre incluyó en esa última lista al Cady. En el caso de Chomicky la fiscalía pidió su absolución.
Luego de un mes de idas y vueltas generadas por las chicanas de Miño ‒el único de los abogados del juicio que no pertenece al Ministerio Público de la Defensa‒, el letrado que representa al principal acusado del proceso realizó un corto e ideologizado alegato.
Los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) de Rosario, quienes habían escuchado este lunes las aclaraciones de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la salud de Díaz Bessone, resolvieron al inicio de la audiencia de este martes que Miño comience de una vez con su alegato.
El abogado particular inició entonces su escueta defensa que se centró en cuestionar el proceso al que calificó de “político” y consideró que “no respetó las garantías del debido proceso de los imputados”, aunque no detalló por qué razones se faltó a ese derecho de los acusados.
En línea con las recientes declaraciones del ex dictador Jorge Videla, Miño indicó que “estos juicios son provocados por el gobierno nacional” y que “los llamados delitos de lesa humanidad son una cosa de hoy”, que tienen que ver “con el momento actual”.
El defensor de Díaz Bessone reflotó la teoría de los dos demonios ‒que prentende igualar a los genocidas con los militantes populares‒y reclamó que “la otra parte también debería ser juzgada”. “Todo lo que digo lo hago en honor a la verdad”, subrayó varias veces el abogado.
También cuestionó Miño que entre los imputados no se encuentren enjuiciados “los civiles que formaron parte de la dictadura cívico militar” y agregó: “En honor a la verdad deberían investigarse entonces también a los civiles, empresarios y políticos”. “Mi defendido mencionó gente como el doctor Martínez Raimonda por ejemplo, otros imputados como (Carlos) Altamirano ‒imputado en otro juicio‒ mencionó que el doctor Hermes Binner revisaba a los detenidos y pedía que lo lleven tabicado. Esa gente debería ser traía a estos juicios”, se quejó el letrado.
Hacía el final de su fugaz defensa, que no duró más de cuarenta minutos, el abogado dijo saber que “en este juicio el resultado está puesto”, que “la suerte ya está echada” y que por tanto “no tenía más mucho para decir”.
Si haber hecho alusión a ningún testimonio ni prueba de las que se presentaron a lo largo de más de cien audiencias, y un año y ocho meses de juicio, el representante legal de Díaz Bessone concluyó adhiriendo a “los planteos de los otros defensores”‒los cuales habían enfocado su alegato en una precisa defensa técnica que contradice en buena parte lo dicho por Miño‒. El letrado cerró su intervención con la frase “hagan lo que tenga que hacer, pero que sea rápido”.
Luego de un cuarto intermedio se desarrolló la instancia en la que los abogados de las querellas responden a los planteos y nulidades señalados por los defensores de los imputados.
Al concluir la audiencia el presidente temporario del TOF, Jorge Venegas, informó que este miércoles anunciarán el cronograma de continuidad del juicio que sólo tiene por delante las “últimas palabras” de los acusados y la lectura de la sentencia.
En el proceso, que se inició en julio de 2010, son juzgados además Díaz Bessone los ex policías José Rubén el Ciego Lofiego, Mario el Cura Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y el ex detenido político acusado de “colaboracionista” Ricardo Cady Chomicky.
A lo largo las más de cien audiencias, el TOF escuchó a más de un centenar de testigos que estuvieron alojados en la mayor centro de detención que funcionó en el Servicio de Inteligencia (SI) de la policía de Rosario durante la dictadura, y por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas.
La fiscalía y las querellas de HIJOS, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Familiares, coincidieron en solicitar prisión perpetua para Díaz Bessone y Lofiego, y 25 años de reclusión para Marcote, Vergara y Scorteccini, por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Mientras que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre incluyó en esa última lista al Cady. En el caso de Chomicky la fiscalía pidió su absolución.
