Juicio Díaz Bessone: El dinosaurio vuelve a su casa
Este martes se reanudó el juicio contra una parte de los represores del Servicio de Informaciones de la policía de Rosario durante la dictadura. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) renovaron el beneficio de prisión domiciliaria al máximo acusado de la causa, el ex militar Ramón Genaro Díaz Bessone. Los organismos de derechos humanos entregaron una nota a los magistrados solicitando una reunión “para quejarse por las demoras y la flexibilidad en el trato con los imputados”. La decisión de los magistrados de enviar a Díaz Bessone a su casa generó indignación entre los testigos, querellantes y familiares de las víctimas.
En la megacausa –donde se ventilan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) que se ubicaba en la ochava de calle Dorrego y San Lorenzo–, son juzgados, además de Díaz Bessone, los ex policías Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini, José Rubén Lo Fiego, y el civil Ricardo Miguel Chomicky .
Primera audiencia, tercer año
La audiencia comenzó con inusitada puntualidad, a las 10 de la mañana, sólo media hora después de lo pautado. Como lo habían anunciado en los medios de comunicación desde el espacio Juicio y Castigo, testigos, querellantes y referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se volvieron a encontrar en el portón de entrada del palacete de la Justicia federal, ubicado en Oroño 940.
Mientras fuera de la sala continuaba siendo firmada la nota que solicitaba una reunión a los jueces para quejarse de “las demoras en el juicio” y “la tolerancia con la que se trata a los represores”, adentro del recinto, la presidenta temporaria del TOF 2, Beatriz Caballero, solicitó a la secretaria que lea las “modificaciones con relación a los imputados”.
Durante buena parte del inicio de la audiencia, la secretaria del tribunal leyó un largo mamotreto que incluyó un informe del médico de la Policía Federal en el que se justificaba que en esa dependencia no cuentan con el dispositivo que necesita Díaz Bessone, que ‒según el médico policial‒ requiere “atención médica, psicológica y terapia ocupacional” ya que “está muy angustiado”.
Cabe recordar que este jueves, tras un nuevo incumplimiento de los requisitos impuestos para la prisión domiciliaria de la que gozaba Díaz Bessone, el tribunal había resuelto revocarle ese beneficio.
En el informe leído en la audiencia se indicó que “la jueza Caballero se constituyó personalmente durante la mañana de este martes en la dependencia local de la policía federal” y constató que el ex militar “se encuentra estado delicado”. Tras el repaso de las observaciones médicas se informó que el abogado de Díaz Bessone, Gonzalo Miño, solicitó que le renueven el beneficio de la prisión domiciliaria por su grave estado de salud, se le corrió traslado a las partes –es decir, se les otorgó la palabra para que hagan son sus planteos sobre el tema–, y se les avisó que luego del receso del mediodía podrían dar a conocer sus posiciones.
Después del informe, el abogado del represor Lofiego, Gritzko Gadea Dorronsoro, comenzó con su alegato en el que se dedicó a repasar las imputaciones por tormentos contra su defendido. Su estrategia fue tratar de relativizar los relatos que daban cuenta de la presencia de Lofiego en las sesiones de tortura.
A la vuelta del cuarto intermedio, que se realizó al mediodía, el fiscal Gonzalo Stara contestó el traslado sobre la cuestión del pedido de renovación de la prisión domiciliaria de Díaz Bessone. Stara dijo que “no habían cambiado las condiciones para que se le revoque la prisión domiciliaria”, y recordó el informe del hospital militar que le dio el alta y que el imputado había violado las condiciones que se la habían impuesto. El fiscal insistió en que no se le debía otorgar ese beneficio y propuso que “en todo caso se oficiara al Ministerio de Seguridad” de la provincia, para que Díaz Bessone fuera alojado en la Unidad 3 de Rosario, que “tiene todas las condiciones para alojarlo”.
A su turno, la abogada de la agrupación HIJOS, Nadia Schujman –actual Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia– adhirió a lo dicho por Stara, solicitó poner un perito de parte para que analice la salud de Díaz Bessone, recordó “que el beneficio de la prisión domiciliaria no debía ser automático”, e hizo alusión “a la gravedad institucional de los delitos de lesa humanidad que hacen que el imputado debería seguir cumpliendo la prisión en la policía federal”. La abogada agregó que “en todo caso si el tribunal no accedía a este pedido y el de la fiscalía, que se le ordene una custodia permanente”.
La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Virginia Blando Figheroa adhirió los planteos de Schujman y la fiscalía, y pidió que “se designe un médico del cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Tras la adhesión de la letrada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Leticia Fascendini, el tribunal pasó a un nuevo cuarto intermedio para resolver el tema.
Después de una hora los magistrados reanudaron la audiencia y leyeron la resolución. Plantearon que “no era que no se había modificado la situación”, que “se habían leído informes médicos” y que “la misma presidenta del tribunal había estado constatando el estado de salud del imputado”. Finalmente hicieron lugar nuevamente al beneficio de la prisión domiciliaria y anunciaron que se mandarían los informes de la salud de Díaz Bessone al cuerpo médico de la Corte Suprema, y que oficiarían al Ministerio de Seguridad de la provincia para que le pongan una custodia permanente.
Finalizada la lectura de la resolución, Caballero le preguntó a la bogado de Lofiego cuanto le quedaba de alegato y éste le contestó que “dos días”.
Por último, desde el tribunal anunciaron que la audiencia continuaría este miércoles a las 9.30.
El juicio oral, que se inició el 29 de julio de 2010, ya se convirtió en uno de los más largos de los que se realizaron a represores de la dictadura en todo el país. Además de la culminación del alegato de la defensa de Lofiego, faltan todavía los de los imputados Díaz Besone y Chomicky.
En el proceso, el Tribunal escuchó a más de un centenar de testigos que estuvieron alojados en la mayor centro de detención que funcionó en SI y por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas.
En la megacausa –donde se ventilan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) que se ubicaba en la ochava de calle Dorrego y San Lorenzo–, son juzgados, además de Díaz Bessone, los ex policías Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini, José Rubén Lo Fiego, y el civil Ricardo Miguel Chomicky .
Primera audiencia, tercer año
La audiencia comenzó con inusitada puntualidad, a las 10 de la mañana, sólo media hora después de lo pautado. Como lo habían anunciado en los medios de comunicación desde el espacio Juicio y Castigo, testigos, querellantes y referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se volvieron a encontrar en el portón de entrada del palacete de la Justicia federal, ubicado en Oroño 940.
Mientras fuera de la sala continuaba siendo firmada la nota que solicitaba una reunión a los jueces para quejarse de “las demoras en el juicio” y “la tolerancia con la que se trata a los represores”, adentro del recinto, la presidenta temporaria del TOF 2, Beatriz Caballero, solicitó a la secretaria que lea las “modificaciones con relación a los imputados”.
Durante buena parte del inicio de la audiencia, la secretaria del tribunal leyó un largo mamotreto que incluyó un informe del médico de la Policía Federal en el que se justificaba que en esa dependencia no cuentan con el dispositivo que necesita Díaz Bessone, que ‒según el médico policial‒ requiere “atención médica, psicológica y terapia ocupacional” ya que “está muy angustiado”.
Cabe recordar que este jueves, tras un nuevo incumplimiento de los requisitos impuestos para la prisión domiciliaria de la que gozaba Díaz Bessone, el tribunal había resuelto revocarle ese beneficio.
En el informe leído en la audiencia se indicó que “la jueza Caballero se constituyó personalmente durante la mañana de este martes en la dependencia local de la policía federal” y constató que el ex militar “se encuentra estado delicado”. Tras el repaso de las observaciones médicas se informó que el abogado de Díaz Bessone, Gonzalo Miño, solicitó que le renueven el beneficio de la prisión domiciliaria por su grave estado de salud, se le corrió traslado a las partes –es decir, se les otorgó la palabra para que hagan son sus planteos sobre el tema–, y se les avisó que luego del receso del mediodía podrían dar a conocer sus posiciones.
Después del informe, el abogado del represor Lofiego, Gritzko Gadea Dorronsoro, comenzó con su alegato en el que se dedicó a repasar las imputaciones por tormentos contra su defendido. Su estrategia fue tratar de relativizar los relatos que daban cuenta de la presencia de Lofiego en las sesiones de tortura.
A la vuelta del cuarto intermedio, que se realizó al mediodía, el fiscal Gonzalo Stara contestó el traslado sobre la cuestión del pedido de renovación de la prisión domiciliaria de Díaz Bessone. Stara dijo que “no habían cambiado las condiciones para que se le revoque la prisión domiciliaria”, y recordó el informe del hospital militar que le dio el alta y que el imputado había violado las condiciones que se la habían impuesto. El fiscal insistió en que no se le debía otorgar ese beneficio y propuso que “en todo caso se oficiara al Ministerio de Seguridad” de la provincia, para que Díaz Bessone fuera alojado en la Unidad 3 de Rosario, que “tiene todas las condiciones para alojarlo”.
A su turno, la abogada de la agrupación HIJOS, Nadia Schujman –actual Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia– adhirió a lo dicho por Stara, solicitó poner un perito de parte para que analice la salud de Díaz Bessone, recordó “que el beneficio de la prisión domiciliaria no debía ser automático”, e hizo alusión “a la gravedad institucional de los delitos de lesa humanidad que hacen que el imputado debería seguir cumpliendo la prisión en la policía federal”. La abogada agregó que “en todo caso si el tribunal no accedía a este pedido y el de la fiscalía, que se le ordene una custodia permanente”.
La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Virginia Blando Figheroa adhirió los planteos de Schujman y la fiscalía, y pidió que “se designe un médico del cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Tras la adhesión de la letrada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Leticia Fascendini, el tribunal pasó a un nuevo cuarto intermedio para resolver el tema.
Después de una hora los magistrados reanudaron la audiencia y leyeron la resolución. Plantearon que “no era que no se había modificado la situación”, que “se habían leído informes médicos” y que “la misma presidenta del tribunal había estado constatando el estado de salud del imputado”. Finalmente hicieron lugar nuevamente al beneficio de la prisión domiciliaria y anunciaron que se mandarían los informes de la salud de Díaz Bessone al cuerpo médico de la Corte Suprema, y que oficiarían al Ministerio de Seguridad de la provincia para que le pongan una custodia permanente.
Finalizada la lectura de la resolución, Caballero le preguntó a la bogado de Lofiego cuanto le quedaba de alegato y éste le contestó que “dos días”.
Por último, desde el tribunal anunciaron que la audiencia continuaría este miércoles a las 9.30.
El juicio oral, que se inició el 29 de julio de 2010, ya se convirtió en uno de los más largos de los que se realizaron a represores de la dictadura en todo el país. Además de la culminación del alegato de la defensa de Lofiego, faltan todavía los de los imputados Díaz Besone y Chomicky.
En el proceso, el Tribunal escuchó a más de un centenar de testigos que estuvieron alojados en la mayor centro de detención que funcionó en SI y por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas.
