Juicio Hospital Militar de Paraná: Pidieron prisión perpetua para los acusados
El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Albaro Baella, pidió esta miércoles una condena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo en una cárcel común para los acusados de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos mellizos de Raquel Negro, nacidos en el hospital militar de Paraná en marzo de 1978.
El querellante fue quien cerró el extenso alegato de más de cuatro horas de duración, que en forma conjunta hicieron hoy los abogados querellantes en la causa Hospital Militar de Paraná, que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese centro asistencial.
Baella calificó a los delitos de que fueron víctimas el mellizo varón de Raquel Negro, cuyo destino se ignora, y la nena, identificada como Sabrina Gullino, de desaparición forzada, agravada por haber nacido durante la desaparición forzada de su madre, en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil de menores de diez años.
El pedido de condena es por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro, la supresión de sus identidades y la desaparición forzada del mellizo varón.
Los abogados querellantes encontraron coautores de esos delitos al ex jefe del batallón de inteligencia 121 de Rosario, Pascual Guerrieri, y a los integrantes del grupo de tareas de ese organismo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Walter Pagano.
En tanto, consideraron partícipe necesario al médico militar Juan Antonio Zaccaría, ex jefe de terapia intensiva del hospital militar de Paraná.
También pidieron la inhabilitación perpetua de todos los imputados para el ejercicio de cualquier función pública y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri por otra en cárcel común.
En caso de que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, los querellantes solicitaron una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo para los seis imputados.
En la causa son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos).
En el comienzo de los alegatos, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Oberlin, afirmó afirmó que "el objetivo de la dictadura cívico militar (que gobernó el país a partir de 1976) era transformar totalmente la estructura económica y social, reprimir a los opositores políticos y disciplinar al resto de la sociedad".
"Esto sólo se podía lograr a través de la implantación del terrorismo de Estado, porque se necesitaban poseer todos los resortes del gobierno para poder garantizar la impunidad", advirtió.
En tanto, la fiscalía solicitó 14 años de prisión para Guerrieri, 13 para Fariña, Amelong y González y 11 para Pagano y Zaccaría por entender que, dentro de un plan sistemático clandestino estructurado desde el poder, el eje del operativo era el Destacamento de Inteligencia 121, que ejecutó la sustracción de los menores y la sustitución de sus identidades, delitos considerados de "lesa humanidad".
El fiscal José Ignacio Candioti dijo que ese ministerio público considera autores mediatos a Guerrieri, Fariña, Amelong y González, y partícpes necesarios a Pagano y Zaccaría.
“Queda demostrado que los primeros cuatro imputados fueron autores mediatos porque actuaron en el marco de un aparato organizado de poder y en su carácter de integrantes y conductores del batallón 121 y, como principales responsables del centro clandestino de detención donde estaba Raquel Negro, idearon, planificaron y dieron las órdenes para que fuera traída a Paraná a parir y que sus bebés les sean sustraídos y les sean suprimidas sus identidades”, agregó el fiscal.
Según Candiotti, Pagano llevó a la beba de Negro al Hogar del Huérfano de Rosario, mientras que el médico militar Zaccarías posibilitó que los mellizos salieran del hospital sin el conocimiento de sus familiares y sin la debida identificación, lo que los convierte en participes necesarios de los delitos investigados.
A los imputados se los acusa de haber trasladado desde la Quinta de Funes, cerca de Rosario, a Raquel Negro para parir mellizos en el hospital militar local, donde se cree funcionó una maternidad clandestina.
La niña, abandonada en un orfanato de Rosario y anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008, pero se ignora el destino del mellizo varón, que continúa desparecido al igual que su madre.
Fuentes: Blog Causa Hospital MIlitar, Télam.
El querellante fue quien cerró el extenso alegato de más de cuatro horas de duración, que en forma conjunta hicieron hoy los abogados querellantes en la causa Hospital Militar de Paraná, que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese centro asistencial.
Baella calificó a los delitos de que fueron víctimas el mellizo varón de Raquel Negro, cuyo destino se ignora, y la nena, identificada como Sabrina Gullino, de desaparición forzada, agravada por haber nacido durante la desaparición forzada de su madre, en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil de menores de diez años.
El pedido de condena es por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro, la supresión de sus identidades y la desaparición forzada del mellizo varón.
Los abogados querellantes encontraron coautores de esos delitos al ex jefe del batallón de inteligencia 121 de Rosario, Pascual Guerrieri, y a los integrantes del grupo de tareas de ese organismo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Walter Pagano.
En tanto, consideraron partícipe necesario al médico militar Juan Antonio Zaccaría, ex jefe de terapia intensiva del hospital militar de Paraná.
También pidieron la inhabilitación perpetua de todos los imputados para el ejercicio de cualquier función pública y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri por otra en cárcel común.
En caso de que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, los querellantes solicitaron una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo para los seis imputados.
En la causa son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos).
En el comienzo de los alegatos, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Oberlin, afirmó afirmó que "el objetivo de la dictadura cívico militar (que gobernó el país a partir de 1976) era transformar totalmente la estructura económica y social, reprimir a los opositores políticos y disciplinar al resto de la sociedad".
"Esto sólo se podía lograr a través de la implantación del terrorismo de Estado, porque se necesitaban poseer todos los resortes del gobierno para poder garantizar la impunidad", advirtió.
En tanto, la fiscalía solicitó 14 años de prisión para Guerrieri, 13 para Fariña, Amelong y González y 11 para Pagano y Zaccaría por entender que, dentro de un plan sistemático clandestino estructurado desde el poder, el eje del operativo era el Destacamento de Inteligencia 121, que ejecutó la sustracción de los menores y la sustitución de sus identidades, delitos considerados de "lesa humanidad".
El fiscal José Ignacio Candioti dijo que ese ministerio público considera autores mediatos a Guerrieri, Fariña, Amelong y González, y partícpes necesarios a Pagano y Zaccaría.
“Queda demostrado que los primeros cuatro imputados fueron autores mediatos porque actuaron en el marco de un aparato organizado de poder y en su carácter de integrantes y conductores del batallón 121 y, como principales responsables del centro clandestino de detención donde estaba Raquel Negro, idearon, planificaron y dieron las órdenes para que fuera traída a Paraná a parir y que sus bebés les sean sustraídos y les sean suprimidas sus identidades”, agregó el fiscal.
Según Candiotti, Pagano llevó a la beba de Negro al Hogar del Huérfano de Rosario, mientras que el médico militar Zaccarías posibilitó que los mellizos salieran del hospital sin el conocimiento de sus familiares y sin la debida identificación, lo que los convierte en participes necesarios de los delitos investigados.
A los imputados se los acusa de haber trasladado desde la Quinta de Funes, cerca de Rosario, a Raquel Negro para parir mellizos en el hospital militar local, donde se cree funcionó una maternidad clandestina.
La niña, abandonada en un orfanato de Rosario y anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008, pero se ignora el destino del mellizo varón, que continúa desparecido al igual que su madre.
Fuentes: Blog Causa Hospital MIlitar, Télam.
