Juicio Díaz Bessone: Pidieron que el testimonio de la jueza Cosidoy sea nulo
Por Juane Basso. Abogados de las víctimas y fiscalía reclamaron la nulidad del testimonio de la jueza Laura Cosidoy, quién declaró este martes en el juicio contra los represores de la dictadura que actuaron en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario (SI). Cosidoy había sido propuesta como testigo por los defensores de los acusados.
La audiencia de este martes se puso caliente. Lo que parecía que iba a ser una exposición para lucirse, se convirtió en un verdadero problema para la jueza federal Laura Inés Cosidoy, ya que tras su declaración, toda la parte acusadora del juicio reclamó la nulidad de su testimonio.
La sala de audiencias estaba llena. El público se repartió en partes iguales entre los habituales partícipes del “aguante” del juicio –familiares de los desaparecidos y referentes de la lucha por los derechos humanos de la ciudad–, e integrantes de la corporación judicial, que llamativamente se acercaron en gran número.
Como la jueza Cosidoy había sido propuesta como testigo por los abogados de los represores, comenzaron estos haciéndole preguntas, que la magistrada respondió sin sobresaltarse.
Pero el aire se fue poniendo espeso, luego de que la jueza testigo ‒quien integra por su parte el otro TOF de la ciudad, el N°1‒, pidiera “hacer una exposición” en respuesta a declaraciones que habían hecho diferentes sobrevivientes del SI, quienes declararon como testigos antes que ella.
La jueza Cosidoy planteó entonces que por las declaraciones hechas públicas por los testigos en el juicio, ‒que habían sido sus representados cuando ésta fue defensora oficial‒, ella se veía relevada del secreto profesional; y luego se dedicó a leer cartas escritas por ellos, y contar hechos que hacen a la complicada situación en la que se veían sometidos por esos años los detenidos políticos, en lo que pareció ser una especie de auto desagravio, puesto que a lo largo del proceso que está en curso su actuación como abogada de oficio se vio claramente cuestionada.
La liviandad con la que Cosidoy se refirió a los secuestrados, torturados y detenidos ilegalmente, fue levantando el termómetro de los presentes en la audiencia, hasta que uno de los abogados querellantes pidió la palabra y marcó que los dichos de Cosidoy se estaban llendo del sentido por el cual se la había llamado a declarar.
En ese momento, uno de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e integrante de HIJOS, Álvaro Baella, realizó un planteo de nulidad del testimonio de Cosidoy al que se sumaron todas las querellas, y la fiscalía, y al que se opusieron los defensores de los represores.
Luego de un contrapunto entre abogados defensores y de las víctimas, el tribunal resolvió hacer un cuarto intermedio hasta mañana, en el que darán a conocer su respuesta.
Al término de la audiencia desde la agrupación HIJOS se repudiaron los dichos de la jueza. “Se dedicó a atacar a los compañeros sobrevivientes, con agravios insultantes, al punto de que los llamó lisa y llanamente «mentirosos», y cometió la barbaridad jurídica de auto relevarse del secreto profesional”, expresaron desde el organismo de derechos humanos.
Fundamentos de la nulidad
En el marco de la audiencia, Baella, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –y militante de HIJOS– señaló que la querella “primero escuchó largamente a la testigo” y luego de detectar un sinnúmero de irregularidades en su deposición, todas causantes de nulidad, “solicitó al tribunal que aplique la normativa que no permita la continuación de la misma”.
Entre los argumentos planteados por la Secretaría de Derechos Humanos se indicó que “los hechos que ha manifestado (Cosidoy) no son parte del objeto procesal de estos autos”, y luego se puntualizó que “los testigos son un medio de prueba que deben deponer acerca de los hechos que se están juzgando”.
La querella recordó además que “muchas veces escuchamos como este mismo tribunal limitó las declaraciones de testigos que depusieron sobre hechos que lamentablemente no se están juzgando aún hoy”.
Otros de los señalamientos que fundamentaron la nulidad de la declaración de Cosidoy fue que la testigo “reveló correspondencia privada entre abogado y defendido”.
Por último los integrantes de HIJOS recordaron a través de un comunicado de prensa que el artículo del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que indica las causales de nulidad de una declaración, plantea textualmente: “deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.
La causa
En este juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.
Los imputados están están acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.
El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.
Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.
El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.
La audiencia de este martes se puso caliente. Lo que parecía que iba a ser una exposición para lucirse, se convirtió en un verdadero problema para la jueza federal Laura Inés Cosidoy, ya que tras su declaración, toda la parte acusadora del juicio reclamó la nulidad de su testimonio.
La sala de audiencias estaba llena. El público se repartió en partes iguales entre los habituales partícipes del “aguante” del juicio –familiares de los desaparecidos y referentes de la lucha por los derechos humanos de la ciudad–, e integrantes de la corporación judicial, que llamativamente se acercaron en gran número.
Como la jueza Cosidoy había sido propuesta como testigo por los abogados de los represores, comenzaron estos haciéndole preguntas, que la magistrada respondió sin sobresaltarse.
Pero el aire se fue poniendo espeso, luego de que la jueza testigo ‒quien integra por su parte el otro TOF de la ciudad, el N°1‒, pidiera “hacer una exposición” en respuesta a declaraciones que habían hecho diferentes sobrevivientes del SI, quienes declararon como testigos antes que ella.
La jueza Cosidoy planteó entonces que por las declaraciones hechas públicas por los testigos en el juicio, ‒que habían sido sus representados cuando ésta fue defensora oficial‒, ella se veía relevada del secreto profesional; y luego se dedicó a leer cartas escritas por ellos, y contar hechos que hacen a la complicada situación en la que se veían sometidos por esos años los detenidos políticos, en lo que pareció ser una especie de auto desagravio, puesto que a lo largo del proceso que está en curso su actuación como abogada de oficio se vio claramente cuestionada.
La liviandad con la que Cosidoy se refirió a los secuestrados, torturados y detenidos ilegalmente, fue levantando el termómetro de los presentes en la audiencia, hasta que uno de los abogados querellantes pidió la palabra y marcó que los dichos de Cosidoy se estaban llendo del sentido por el cual se la había llamado a declarar.
En ese momento, uno de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e integrante de HIJOS, Álvaro Baella, realizó un planteo de nulidad del testimonio de Cosidoy al que se sumaron todas las querellas, y la fiscalía, y al que se opusieron los defensores de los represores.
Luego de un contrapunto entre abogados defensores y de las víctimas, el tribunal resolvió hacer un cuarto intermedio hasta mañana, en el que darán a conocer su respuesta.
Al término de la audiencia desde la agrupación HIJOS se repudiaron los dichos de la jueza. “Se dedicó a atacar a los compañeros sobrevivientes, con agravios insultantes, al punto de que los llamó lisa y llanamente «mentirosos», y cometió la barbaridad jurídica de auto relevarse del secreto profesional”, expresaron desde el organismo de derechos humanos.
Fundamentos de la nulidad
En el marco de la audiencia, Baella, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –y militante de HIJOS– señaló que la querella “primero escuchó largamente a la testigo” y luego de detectar un sinnúmero de irregularidades en su deposición, todas causantes de nulidad, “solicitó al tribunal que aplique la normativa que no permita la continuación de la misma”.
Entre los argumentos planteados por la Secretaría de Derechos Humanos se indicó que “los hechos que ha manifestado (Cosidoy) no son parte del objeto procesal de estos autos”, y luego se puntualizó que “los testigos son un medio de prueba que deben deponer acerca de los hechos que se están juzgando”.
La querella recordó además que “muchas veces escuchamos como este mismo tribunal limitó las declaraciones de testigos que depusieron sobre hechos que lamentablemente no se están juzgando aún hoy”.
Otros de los señalamientos que fundamentaron la nulidad de la declaración de Cosidoy fue que la testigo “reveló correspondencia privada entre abogado y defendido”.
Por último los integrantes de HIJOS recordaron a través de un comunicado de prensa que el artículo del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que indica las causales de nulidad de una declaración, plantea textualmente: “deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.
La causa
En este juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.
Los imputados están están acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.
El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.
Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.
El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.
